La sala II del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa dictó este miércoles sobreseimiento definitivo a favor del director del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, acusado por el delito de malversación de caudales públicos.

Barahona era señalado por la presunta malversación de 500 mil dólares de una donación de fondos provenientes del Gobierno de China Taiwán, durante la administración del expresidente José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).

La portavoz del Poder Judicial, Lucía Villars, indicó al noticiero Hoy Mismo de TSi que la determinación se dio luego de que la defensa de Barahona pidiera que se aplicara la Ley para la Reconstrucción del Estado de derecho y para que los hechos no se repitan, conocida como 'Ley de Amnistía Política' ,contemplada en el decreto legislativo 04-2022.

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En ese sentido, Villars manifestó que tanto el Ministerio Público (MP) como la Procuraduría General del Estado (PGR) no presentaron ningún tipo de oposición a la solicitud de la defensa, por lo que el tribunal dictó el sobreseimiento.

Finalmente, la funcionaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) señaló que dicho tribunal revisó el expediente del caso del comisionado del IHTT y determinó que cumplía con los requisitos para que se aplicara el decreto de amnistía a su favor.

Amnistía Política

El Congreso Nacional (CN) aprobó en febrero de 2022 la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, más conocida como amnistía política o 'pacto de impunidad' para algunos sectores, a iniciativa del partido Libertad y Refundación (Libre), en el poder.

La aplicación de esa ley ha beneficiado a unos 60 funcionarios del Gobierno del Poder Ciudadano de expresidente Zelaya, entre ellos el exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri y el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, señalados por actos de corrupción en el manejo de fondos en el proyecto de la Cuarta Urna.

La normativa concede la amnistía a quienes hayan sido acusados por participar en la delitos derivados de su participación en la fallida consulta popular o Cuarta Urna, en junio de 2009, impulsada por Zelaya, la cual había sido declarada inconstitucional por la CSJ.

Como Zelaya insistió en llevar a cabo la consulta, fue acusado por la Fiscalía y la Corte ordenó su detención, la cual ejecutó un comando militar, quien en vez de someterlo a un juzgado lo expulsó a Costa Rica, lo que significó su derrocamiento del poder.

Según analistas hondureños, este decreto de impunidad podría ser un obstáculo para que la ONU apoye la instalación de un mecanismo anticorrupción, que sería la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH) que ha pedido el Gobierno.

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