La justicia de Estados Unidos volvió a colocar a un hondureño en el banquillo. Gustavo Benítez Rodríguez, de 22 años, se declaró culpable el 8 de septiembre de 2025, por posesión de armas de fuego siendo extranjero y por reingresar ilegalmente al país después de una deportación.
La decisión fue tomada en una audiencia de cambio de declaración en la Corte del Distrito Sur de Florida.
El caso se destapó cuando agentes federales comenzaron a vigilar sus redes sociales, donde detectaron que ofrecía un arma a la venta.
Lo que parecía un comprador era en realidad un agente encubierto que llevó a descubrir el verdadero trasfondo.
Allanamiento revela armas de fuego en Miami
El 28 de febrero, agentes federales ejecutaron una orden de allanamiento en la vivienda de Benítez Rodríguez.
En su dormitorio encontraron dos pistolas: una Stoeger STR de 9 mm guardada en un cajón junto a su pasaporte e identificación, y una Ruger ICS de 9 mm escondida debajo del colchón.
También incautaron un cargador y 15 cartuchos de munición Luger calibre 9 mm. Estos hallazgos reforzaron los cargos en su contra.
Además de no contar con estatus legal en Estados Unidos, las autoridades señalaron que el hondureño tenía vínculos con la pandilla Talibán de la Pequeña Habana, lo que agravó aún más su situación judicial.
Migración ilegal: deportado y retornó sin permiso
El historial migratorio de Benítez Rodríguez lo perseguía. El 15 de febrero de 2019 lo expulsaron de Estados Unidos bajo una orden final de deportación.
Pese a ello, volvió a ingresar de manera clandestina, lo que le generó un segundo cargo grave: reingreso ilegal a Estados Unidos.
La operación para capturarlo fue coordinada por ICE-ERO Miami, con apoyo del Departamento de Policía de la Ciudad y la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.
De interés: 77% de muertes violentas en Honduras ocurren con armas de fuego, según el OV-UNAH
Sentencia pendiente por armas de fuego y migración ilegal
La jueza federal Beth Bloom programó la audiencia de sentencia para el 5 de diciembre de 2025.
El hondureño podría recibir hasta 15 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250 mil dólares.
El anuncio fue realizado por el Fiscal Federal Jason A. Reding Quiñones y el director de ICE-ERO en Miami, Garrett Ripa. La Fiscal Federal Adjunta Especial Melissa Roca Shaw quedó a cargo del caso.
El caso de Gustavo Benítez Rodríguez evidencia cómo la combinación de armas de fuego y migración ilegal puede arruinar la vida de un joven migrante.
Lo que empezó como una publicación en redes sociales terminó en un proceso judicial que podría mantenerlo tras las rejas durante más de una década.
