Fue en el Primer Congreso Jurídico en Criminología y Derecho de la Niñez, Adolescencia y Mujer que se reveló que entre el 2018 y marzo de 2021 se judicializaron en el país a 3,324 menores.

De ellos, 1,329 fueron judicializados durante 2018; 1,235 en 2019; 727 en 2020 y 33 en los primeros meses de 2021, la mayoría por delitos de extorsión y robo.

El evento, que organizó la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), evidenció que el 86% de los menores infractores tienen entre 15 y 17 años.

Solo el 30% de los menores tiene secundaria completa, 29% primaria incompleta, 20% ningún grado de escolaridad y 19% primaria incompleta.

“Una causa y factor de la criminalidad es el grado de escolaridad. Si un menor tiene educación, no se involucra con grupos del crimen organizado", dice Sergio Mejía, jefe del departamento de Derecho Penal de la UNAH.

Trato diferenciado

Carlos Alejandro López, juez de Letras de la Niñez y Adolescencia, en Francisco Morazán, dijo que dan un trato diferenciado a los menores de 18 años.

"Es parte de los compromisos internacionales de Honduras, debido a su situación de vulnerabilidad. No son objetos, son sujetos que hay que proteger", señala.

López explicó que a diferencia de los adultos, los juicios para los menores infractores se realizan de forma oral y reservada.

"No existen tribunales de sentencia especiales para ellos, la mayor parte de los actos delictivos cometidos por los menores los atienden tribunales del Distrito Central" refiere.

A los Juzgados de Francisco Morazán llega el 75% de la carga procesal de todo el país y aseguran se da celeridad a los casos de menores infractores que conocen.

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