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TEGUCIGALPA. La Unidad de Política Limpia realizará una auditoría de campo de los gastos de la campaña política de las elecciones primarias con base en un mapa de riesgo, que consistirá en fiscalizaciones en sitios donde exista peligro de financiamiento ilícito de recursos municipales y crimen organizado, una propuesta que algunos expertos miran con recelo por considerar que la entidad es inoperante.
El plan consiste en desplegar al menos 50 auditores en sitios previamente seleccionados donde se hagan concentraciones políticas para que efectúen un inventario de los gastos, es decir todo tipo de propaganda que se use y luego se cotejarán los datos con los informes financieros que presenten los movimientos, explicó Javier Franco, comisionado de la Unidad.
“Vamos a enfocarnos (las auditorías) en las zonas en donde uno ha entendido que existe posibilidad de financiamiento ilegal, por narcotráfico, enfocar nuestra labor ahí” y, de igual manera en ciudades cuyas municipalidades tengan mayor presupuesto y este pueda ser usado para impulsar la imagen de un precandidato, detalló Franco.
“Vamos a enfocarnos (las auditorías) en las zonas en donde uno ha entendido que existe posibilidad de financiamiento ilegal, por narcotráfico, enfocar nuestra labor ahí”.
Javier Franco, comisionado de la Unidad de Política Limpia
La zona del litoral atlántico y occidente de Honduras han sido corredores del tráfico de drogas y muchos aspirantes a cargos de elección popular han sido señalados de recibir recursos del crimen organizado.
Franco no entró en detalles sobre los puntos geográficos específicos en donde se harán pesquisas por motivos de sospechas de apoyo financiero criminal
También se determinó hacer las auditorías en los municipios cuyas alcaldías están categorizadas como como A, B,C, por su alto nivel de transferencia financieras de la Administración Central, para constatar si recursos de esos gobiernos locales son orientados a apoyar a un precandidato, informó Franco.
De los 298 municipios, 191 están en nivel de la A, B y C y las otras 107 en categoría D- de mejor ingresos-, según la clasificación hecha por la Secretaría de Gobernación.
Las elecciones primarias se realizarán el 14 de marzo próximo para disputar las candidaturas para Presidente, diputados y alcaldes con sus corporaciones. En estos comicios participarán 10 movimientos del partido Libertad y Refundación, 3 del Partido Liberal y 2 del gobernante Partido Nacional. Están habilitados cinco millones de votantes.
Los ganadores de la contienda primaria se enfrentarán en las elecciones nacionales de noviembre próximo.
Límites
El techo de gastos para el nivel de precandidatura presidencial en las votaciones primarias es de 544.2 millones de lempiras por cada aspirante, según los límites de erogación propagandística establecidos por el Consejo Nacional Electoral.
Mientras, en el renglón de las precandidaturas de diputaciones y alcaldías, se fijaron techos de acuerdo al número de electores de cada departamento o municipio, según sea el caso. Es decir, entre más votantes haya en una jurisdicción, más alto será el tope.
Por ejemplo, el techo de gasto para un precandidato en el apartado de diputación en Francisco Morazán es de 4.3 millones de lempiras, mientras que para el de Atlántida es de 3.6 millones.
La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Candidatos y Partidos Políticos obliga a los aspirantes a cargos de elección popular a abrir una cuenta bancaria a los precandidatos y candidatos para la captación de fondos que usen en sus campañas y luego presenten un informe por medio de una persona a la que se le denomina responsable financiero.
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El 23 de enero inicia el periodo de campaña electoral y finaliza el 9 de marzo, o sea una semana antes de las elecciones primarias.
DUDAS. A juicio del director del Instituto Holandés para Democracia Multipartidaria, Luis León, será difícil que la Unidad de Política Limpia logre una efectiva fiscalización in situ porque carece de la logística necesaria.
“El problema que tiene la Unidad, aparte de la voluntad, es la capacidad humana, logística y financiera… no será posible que 50 auditores logren ese objetivo de hacer ese tipo de fiscalizaciones porque son muchos candidatos”, aseguró León.
Consideró que la cantidad designada de veedores también se puede ver reducida si se infectan con Covid-19, lo que, en consecuencia, mermaría la posibilidad de que se haga una auditoría completa.
León cuestionó que el presupuesto anual de la Unidad es de 90 millones de lempiras que, a su juicio, se tornan insuficiente para contarle las costillas a los precandidatos y posteriormente a los candidatos.
La Unidad espera que el Consejo Nacional Electoral le remita un detalle de los precandidatos que fueron inscritos para la contienda primaria.
Si los 15 movimientos en contienda inscribieron todos precandidatos posibles, entonces habría unos 6 mil aspirantes propietarios e igual número de suplentes y a cada uno se le tendría que revisar sus cuentas bancarias, lo que a criterio de León no será posible por las carencias de la Unidad.
En ese sentido, opinó que “la capacidad de fiscalización de la Unidad de Política Limpia es casi nula”.
La misma retórica crítica hacia la Unidad empleó el jefe de Investigaciones de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, pues considera que sus aportes para hacer transparentes los procesos proselitistas son pocos.
“Si se decide cerrar la Unidad no habrá ninguna diferencia, el recurso humano es muy limitado, la metodología que utiliza para fiscalizar se basa en papel, no tiene la capacidad de hacer inspecciones in situ”, fustigó Ramírez.
“Si se decide cerrar la Unidad no habrá ninguna diferencia, el recurso humano es muy limitado, la metodología que utiliza para fiscalizar se basa en papel, no tiene la capacidad de hacer inspecciones in situ”.
Lester Ramírez, jefe de Investigaciones de ASJ.
Según Ramírez, el ente fiscalizador de las campañas no tiene una base de datos ni sistemas informáticos adecuados para analizar los gastos de los políticos, así como tampoco los lineamientos ideales para la revisión de reportes financieros.
“Llegan hasta subsanar hasta 10 veces los informes y eso demuestra que no quieren castigar ni sancionar a nadie”, remarcó.
Puso como ejemplo lo que considera como poca efectividad de la Unidad, que esta institución presentó hasta en 2020 un informe de los gastos de campaña de las elecciones generales celebradas en 2017 . De igual manera, cuestionó que ningún candidato fue sancionado por incumplir la normativa de fiscalización.
Este tipo de falencias, asevera Ramírez, hacen que la Unidad de Política Limpia se convierta en un “cheque en blanco” para que los candidatos incumplan la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Candidatos y Partidos Políticos.
