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También se aplicaron sanciones, como la imposición de multas que se tradujeron en días de suspensión por parte de los funcionarios.
Melvin Duarte explicó que entre las faltas sancionadas se dieron por diferentes casos. "Tenemos diversos tipos de conducta como ausentismo laboral, conductas antiéticas, extravío de expedientes, malos tratos, retardo en la administración de justicia, violaciones al debido proceso y extravío de documentos”, señaló.
Pero también se impusieron sanciones por ciertas conductas de funcionarios que consistían en consignar hechos que no ocurrieron y en situaciones relacionadas con el tema procesal, como conceder sobreseimientos sin ningún tipo de fundamentación.
De igual forma se incumplimiento de los horarios y la violación al debido proceso entre otros.
Los casos
De los 73 funcionarios judiciales que han sido sancionados, solo uno de ellos fue remitido al Ministerio Público.
Se trata de la captura del receptor de los anteriores juzgados anticorrupción, en Tegucigalpa, a quien se le acusa por los delitos de revelación de secretos, cohecho, juegos de azar no autorizados y lavado de activos.
El 2023 sería el año en el que más sanciones disciplinarias e investigaciones que terminaron en requerimientos presentó la CSJ.
Anteriormente se tiene registro de señalamientos por corrupción de cuatro jueces de los departamentos de Lempira, Yoro y Cortés.
En el año 2012, una juez con Jurisdicción Nacional se le acusó, capturo, remitió a la Penitenciaría Nacional de Adaptación Social (Pnfas), ubicada en Támara, en donde estuvo recluída por cuatro años. En febrero de 2018, un Tribunal la declaró inocente.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), es la que ha logrado investigar y deducir responsabilidad a los funcionarios judiciales cuyos casos han llegado hasta los Tribunales.
La corrupción en el país es un mal que penetró en algunos operadores de justicia. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que Honduras ratificó en 2005, obliga al Estado a asegurar la existencia de autoridades independientes y efectivas encargadas de investigar y combatir la corrupción.
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