X
El Juzgado Penal con Jurisdicción Nacional ordenó el sábado (05.06.2021) la apertura a juicio oral y público en la causa instruida en contra del comisionado general de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, y su esposa Patricia Estrada Pacheco por el delito de lavado de activos, informó el Ministerio Público.
Por este caso, la Fiscalía se apersonó ante la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional previo a la celebración de la audiencia de proposición de pruebas y el señalamiento del debate de juicio oral y público, indicó la institución en un comunicado. .
El exvocero de la Policía Nacional y exdirector de Tránsito es acusado por lavado de activos y no pudo justificar la procedencia de unos 13.8 millones de lempiras en trece cuentas bancarias a su nombre, en un periodo de 11 años (1006-2017), según la investigación de agentes de la ATIC asignados a Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial UF - ADPOL.
De igual forma, su esposa no justificó el origen de más de 2.7 millones de lempiras luego de movimientos financieros por más de siete millones de lempiras en 10 cuentas bancarias a su nombre, ya que no poseía un empleo, negocio o préstamos que le generara algún tipo de ingresos.
El oficial que fue retirado de la Policía Nacional y su pareja fueron detenidos en febrero de 2020 y se les aseguró 33 bienes de origen ilícito, luego de denuncias interpuestas por la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y transformación de la Policía Nacional que fueron procesadas por la UF - ADPOL y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
El informe financiero y patrimonial elaborado por la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio Público estableció que las cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles obtenidos e inversiones realizadas por Sauceda y su pareja carecen de fundamento económico legal, pese a que el desglose salarial del acusado en la fase investigada, asciende a casi seis millones de lempiras, sin deducciones.
Además, se constató que de algunos bienes adquiridos hasta por 1.5 millones de lempiras no existía huella financiera, puesto que se pagaron en efectivo, por lo que no se determina la procedencia de los fondos, puntualizó la Fiscalía en el comunicado.
