En su cuenta de Twitter, Rixi Moncada manifestó que la liquidación de fideicomisos "cortó de raíz un esquema de corrupción pública- privada", y debido a que hay un fideicomiso vigente en el Instituto de la Propiedad (IP), no se podía lanzar una licitación de forma anticipada para solucionar el problema.

"La liquidación de fideicomisos cortó de raíz un esquema de corrupción pública- privada. La tasa vehicular era una vergüenza y está en investigación. Las placas, las atrasaron intencionalmente algunos actores perversos que aún se mantienen en la Administración pública", escribió la funcionaria.

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Al haber un fideicomiso vigente -constituido en 2013- que se encargaba, entre otras cosas, de financiar la producción de placas, no se podía lanzar un proceso de contratación de un nuevo proveedor, señaló el presidente del Consejo Directivo del IP, José Carlos Cardona.

Dicho fideicomiso tuvo fin en mayo del 2023, sin embargo, hasta en junio el IP comenzó un nuevo proceso de licitación y a ello se debe el desabastecimiento de placas vehiculares.

A criterio del funcionario, el IP sabía que en este periodo del año se podía presentar un desabastecimiento de placas, pero, insistió, "no se podía" resolver de forma inmediata por la existencia del fideicomiso.

Fin de los fideicomisos

El Congreso Nacional decidió eliminar del Presupuesto General de la República 2023, el capítulo que contenía las disposiciones relacionadas con las compras especiales o fideicomisos que, a consideración de autoridades, eran utilizados como mecanismos de sustracción de recursos a discreción.

Tras la eliminación de este apartado, los ministros pueden realizar compras de bienes y servicios, así como realizar contrataciones directas, obviando la Ley de Contratación de Estado que obliga a licitaciones, de acuerdo al artículo 289 de las disposiciones del Presupuesto General de la República 2023.

Sin embargo, el Congreso Nacional y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) deben vigilar la ejecución presupuestaria.

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