"Yo he venido diciendo: debemos adoptar las políticas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Aquí salen con que los derechos humanos, que Honduras es diferente. Pero no, cuando hay voluntad política por parte de un gobierno, dice (a los criminales) hasta aquí llegaron. Se les acabó la fiesta", expresó Sánchez en el noticiero Diario Matutino de radio HRN.
A sugerencia de Sánchez, en Honduras se debe formar un frente común en el que participen el Congreso Nacional, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la empresa privada y la sociedad civil para enfrentar directamente a los criminales, como se ha hecho en el vecino país de El Salvador.
El que fuera titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), hoy Dirección Policial de Investigación (DPI), reconoció que hay estrategias implementadas en el país que han ayudado a reducir el índice de homicidios, pero "la extorsión sigue siendo un problema grave" y debe tratarse como un tema de emergencia nacional.
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La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipapco), según Sánchez, está trabajando, pero en general, capturan a personas que van a recoger la extorsión que los criminales exigen a transportistas y negocios, pero no a las cabecillas.
Por ello, indicó que para reducir significativamente el delito de extorsión en Honduras, también se debe actuar contra quienes dirigen las estructuras criminales.
"Tenemos inteligencia policial y militar, claro que saben quiénes son las cabecillas", dijo Gonzalo Sánchez, al mismo tiempo que sugiere que el Gobierno asigne más presupuesto para la seguridad ciudadana y otorgue más poder a las entidades de seguridad para que actúen sin temor a ser señalados por organizaciones de derechos humanos.
"No ser tibios"
Y advirtió que si no se enfrenta de frente a los líderes criminales, pasarán hasta 40 años capturando solo a miembros de estructuras designados para ir a cobrar el denominado "impuesto de guerra".
Gonzalo Sánchez reiteró su posición de que el Gobierno hondureño debe replicar la estrategia de El Salvador contra los miembros de maras y pandillas; de lo contrario, la extorsión seguirá afectando la economía del país y causando luto y dolor.
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"Aquí no quieren entender que Bukele nos ha demostrado en Centroamérica que cuando se quieren hacer las cosas bien, se hacen. Él ha frenado el delito de extorsión y a las estructuras criminales en El Salvador. Hay que tomar medidas drásticas, si seguimos siendo tibios con los derechos humanos aquí, no resolveremos este problema", agregó.
Normativas diferentes
El director de la Policía Nacional de Honduras, Juan Manuel Aguilar, dijo en su momento que la normativa jurídica del país es muy diferente a la de El Salvador, donde se hicieron reformas para detener a miembros de maras y pandillas.
"En Honduras no se puede detener a una persona solo porque hace ademanes con sus manos o porque es miembro de una pandilla y llevarla a una prisión. Hacerlo constituye un delito", expresó Aguilar en noviembre de 2023 en el programa Frente a Frente de Canal 5.
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En ese sentido, el criminólogo Sánchez también indicó que el Congreso Nacional debe legislar para que, con el estado de excepción vigente en Honduras, se otorgue más autoridad a la Policía Nacional y que el Gobierno exija la detención de cabecillas criminales.
Detenciones
Mediante el estado de excepción, las autoridades policiales hondureñas aseguran que han capturado a más de 2 mil personas supuestamente relacionadas con la extorsión de delitos conexos, pero la criminóloga Migdonia Ayestas dijo hoy que no se sabe cuántos casos han sido resueltos.
Diriegentes del transporte público de pasajeros, sector más afectado por el delito de extorsión, señalaron a finales de diciembre que solo 56 personas detenidas han sido judicializadas por el Ministerio Público.
"Vemos una Fiscalía muy pasiva y los jueces actúan con negligencia para no aplicar la ley", dijo el transportista Wilmer Cálix.
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