La imputación se basa en la supuesta violación a los deberes de los funcionarios al aprobar, al margen de la ley, la explotación de material selecto en una propiedad privada ubicada en el sector de Zarateca.

Según el expediente de la causa, en junio de 2016, el entonces alcalde de Masaguara, Manuel Amaya Montoya (actual regidor), habría autorizado a una empresa la explotación de un supuesto banco de material selecto en un predio ubicado en la calle hacia la comunidad de Guatateca. Este acto se llevó a cabo sin seguir los lineamientos y sin obtener los permisos necesarios del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN).

Un incidente adicional relacionado tuvo lugar el 16 de enero de 2017, cuando la Corporación Municipal, encabezada por el edil Amaya Montoya y los entonces regidores, José Oduber Ruiz Girón (actual alcalde), José Luis Figueroa Montoya, Santos Cabrera, Eugenia Amparo Martínez, Paola Janeth Posadas Suazo, Israel Montoya Rodríguez y Emin Navid Rodríguez Martínez, en una sesión ordinaria, aprobó convertir el predio en Zarateca en una balastrera municipal. Esta decisión, una vez más, omitió los procedimientos establecidos por INHGEOMIN.

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El requerimiento fiscal surge después de completar el proceso y resolver el antejuicio ante la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción. Ahora, el Ministerio Público inició el proceso penal para determinar la responsabilidad correspondiente.

Las autoridades están investigando otras corporaciones municipales que podrían haber otorgado permisos similares sin seguir los procedimientos legales. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) dirige estas diligencias con el objetivo de presentar nuevos requerimientos fiscales en caso de detectar irregularidades.

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