La Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción ordenó este jueves que se imponga prisión preventiva contra Alex Moraes y otros exfuncionarios de la extinta Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) por la compra de mascarillas.

El Poder Judicial informó que por unanimidad de votos los magistrados de dicha Corte resolvieron declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y la Procuraduría General de la República (PGR).

En ese sentido, se determinó revocar las medidas cautelares sustitutivas y dictaminó aplicar la prisión preventiva al exadministrador de Invest-H, Alex Moraes.

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Asimismo, contra Carlos Luis Guevara Mondragón (contador general), Bessy Roxana Rodríguez Mendoza (especialista administrativo y financiero) y las empresarias Elena María Hernández González (representante legal de Germar Ferretería) y María Elena Palacios Hernández (de Germar Ferretería).

Además, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) añadió que se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del exdirector de Invest-H, Marco Bográn; por lo tanto, se le confirmó el auto de formal procesamiento por el delito de violación a los deberes de los funcionarios y fraude.

Los hechos

El Poder Judicial precisó que los hechos incoados en el requerimiento fiscal, indican que a través de Invest-H, se realizó la compra de 474 mil mascarillas médicas para el personal de salud nacional, por un primer monto de 50 millones 836 mil lempiras y posteriormente otro pago por 39 millones 396 mil lempiras a dos empresas.  

En este caso, a criterio de la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción, prevalecen indicios afines y múltiples que establecen los elementos de tipificación de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude y el indicio racional de participación.

Es decir, a juicio de esta Corte existen suficientes indicios para sostener razonablemente que los imputados son autores o partícipes de uno o dos delitos; razón por la cual, no hay duda que existe peligro de fuga por la gravedad de la pena que pueda imponerse como resultado del proceso.

También, por la importancia del daño que se deba indemnizar, cuya cuantía dineraria ronda el valor de 40 a 50 millones de lempiras; pero también por la lesión difusa e incuantificable probablemente causada a la salud del pueblo hondureño.

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Se ponderó, además, como otro indicio de riego de obstrucción de la investigación, el hecho cierto que el señor acusado Juan José Lagos Romero se encuentra no habido, posiblemente fuera del territorio nacional. Situación que pone en riesgo procesal a los testigos y peritos de la causa; que perfectamente puede ser amenazados o intimidados con mayor facilidad; acercándose ese peligro de fuga al resto de coprocesados para eludir la acción de la justicia sin que sea suficiente la presentación de antecedentes familiares o profesionales.

"Por las razones antes expuestas, esta Corte considera que la medida más idónea en este momento del proceso es la prisión preventiva; y debe dictarla la juez de instancia, para reducir al mínimo la existencia de los riesgos procesales y se cumpla el desarrollo de la acción penal", reza el comunicado del Poder Judicial.

Dato

El pasado 17 de mayo, el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción declaró culpable a Moraes por el delito de violación de los deberes de los funcionarios por el caso de fraude en la compra de los hospitales móviles, pero fue dejado en libertad por que dicho delito no tiene pena de cárcel, solo de inhabilitación de ocupar cargos públicos.

En el mismo caso, los jueces determinaron en su fallo absolver de responsabilidad penal a Moraes por el supuesto delito de fraude en perjuicio de la Administración pública.

Sin embargo, el pasado 3 de junio del presente año fue capturado nuevamente por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por este caso de la compra irregular de mascarillas.

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