Rafael Padilla, titular de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), desmintió esta afirmación, enfatizando que en Honduras existen cinco distribuidoras de energía, incluyendo la ENEE y otras con sede en Roatán, Utila y Guanaja en Islas de la Bahía, y Puerto Lempira en Gracias a Dios.
"No hay ninguna voluntad de privatización. Nosotros nos limitamos a hacer una regulación para que cada empresa distribuidora pueda prestar el servicio del alumbrado público de la mejor manera posible", declaró en el programa Frente a Frente de Canal 5.
En este contexto, aclaró que el decreto no contiene disposiciones que conduzcan a la privatización; en su lugar, es una invitación para que cada empresa establezca una unidad de negocio independiente de la distribución, generación y transmisión, con el objetivo de ser más eficientes.
Padilla subrayó que el decreto fue sometido a escrutinio público antes de su aprobación y que la CREE está trabajando para fortalecer la ENEE, coincidiendo con los esfuerzos del actual Gobierno de la República.
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En desacuerdo
Miguel Aguilar discrepó, afirmando que esta normativa allana el camino para la llegada de un operador privado y la externalización de la red de alumbrado público. Según él, este proceso ya se intentó durante el mandato del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), contra este servicio que aporta mensualmente L52 millones a la ENEE.
"Me parece que la CREE está en contravía de lo que establece la ley de energía eléctrica reformada y del proceso de la vigencia pública de la ENEE", comentó el sindicalista.
Como alternativa, Aguilar propuso la creación de un fondo especial, financiado con parte de los L52 millones generados mensualmente, para licitar luminarias y otros elementos de iluminación, todo gestionado por el Estado.
¿Qué dice la normativa de la CREE?
En cuanto a los detalles del decreto de la CREE, un considerando del acuerdo establece claramente que la Ley General de la Industria Eléctrica determina que el servicio de alumbrado público será proporcionado por una o más empresas constituidas específicamente para ese fin.
Además, el artículo 2 del acuerdo especifica que las disposiciones reglamentarias son aplicables a todos los sistemas de alumbrado público operados por las empresas suministradoras del servicio.
El artículo 5 detalla las obligaciones de la empresa que suministra el servicio de alumbrado público, incluyendo el servicio de atención al usuario por parte de la empresa que administre este lucrativo negocio.
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