Diversos sectores se sumaron a las críticas contra el decreto aprobado el miércoles (02.02.2022) por el Congreso Nacional que preside Luis Redondo en el que se otorga amnistía a presos políticos y presos de conciencia a los perjudicados durante el golpe de Estado de 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya.
"Un nuevo pacto de impunidad", escribió su cuenta de Twitter, el ministro asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana.
Dicho documento menciona que abarca a las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo comprendido del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009, periodo presidencial de José Manuel Zelaya.
De acuerdo al decreto, estas personas fueron víctimas del golpe de Estado al ser , acusados criminalmente "por oponerse y protestar contra el golpe de Estado, y por los actos propios del ejercicio de su función política, procesos que fueron calificados como políticamente motivados".
El decreto incluye delitos como abuso de autoridad; violación de los deberes de los funcionarios; malversación de caudales públicos; y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas.
Además de fraude en perjuicio de la Administración pública; asimismo, enriquecimiento ilícito; falsificación de documentos públicos y privados; incluso de criminalidad organizada, y otros más.