Diversos sectores se sumaron a las críticas contra el decreto aprobado el miércoles (02.02.2022) por el Congreso Nacional que preside Luis Redondo en el que se otorga amnistía a presos políticos y presos de conciencia a los perjudicados durante el golpe de Estado de 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya.

"Un nuevo pacto de impunidad", escribió su cuenta de Twitter, el ministro asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana.

Dicho documento menciona que abarca a las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo comprendido del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009, periodo presidencial de José Manuel Zelaya.

De acuerdo al decreto, estas personas fueron víctimas del golpe de Estado al ser , acusados criminalmente "por oponerse y protestar contra el golpe de Estado, y por los actos propios del ejercicio de su función política, procesos que fueron calificados como políticamente motivados".

El decreto incluye delitos como abuso de autoridad; violación de los deberes de los funcionarios; malversación de caudales públicos; y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas.

Además de fraude en perjuicio de la Administración pública; asimismo, enriquecimiento ilícito; falsificación de documentos públicos y privados; incluso de criminalidad organizada, y otros más.

Amnistía no procede para delitos en Administración pública

De acuerdo al jefe de la Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, no procede para los delitos contra la Administración pública porque la amnistía lo que busca es "proteger la comisión de hechos delictivos cometidos por algunos exfuncionarios durante los años 2006 y 2009".

"Es bastante desafortunada la desición que se adoptó en el Congreso Nacional con un decreto que únicamente tenía como finalidad condenar los hechos ocurridos en el 2009 como consecuencia del golpe de Estado", manifestó Fernández a Hoy Mismo de Televicentro.

Y agreg´o: "Observamos que finalmente se termina aprobando en el Congreso, a las altas horas de la noche como ocurría en el Congreso anterior, un decreto que contempla dentro de sus artículos uno que genera una amnistía por la comisión de hechos delictivos cometidos por algunos exfuncionarios durante los años 2006 y 2009".

Según Fernández, preocupa que se están adoptando determinaciones de alta envergadura en el Congreso Nacional sin haberse resuelto la legitimidad de las juntas directivas, "con decisiones que únicamente van a fortalecer la impunidad solo que de otro partido político y de otros vinculados".

"En el pasado ocurrió lo mismo con acciones de impunidad y hoy se están repitiendo, con esto no podemos generar inseguridad juirídica en el país, se está pretendiendo eximir de responsabilidad a funcionarios públicos", apuntó el representante del CNA.

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"Rosario de delitos" se aprobó con amnistía

Otro de los sectores que reaccionó es el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), a través de su asesor legal, Gustavo Solórzano, quien aseguró que con este decreto se aprobó un perdón sobre un "rosario de delitos".

"El día anterior (miércoles) un grupo de diputados sesionó y tomó la decisión de aprobar una amnistía para un rosario de delitos que no tiene nada que ver con delitos políticos", declaró Solórzano.

Asimismo, calificó que este tipo de amnistías solo genera más impunidad y condenó que el actual Congreso Nacional esté repitiendo actos que cometieron administraciones anteriores.

"La impunidad ha sido uno de los males más grandes que hemos tenido en nuestro país y el venir y generar perdón por delitos que no tienen nada que ver con lo político", agregó Solorzano.

Otras reacciones

Por otro lado, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupcion (Uferco), Luis Javier Santos, calificó de "desacertada" la decisión de incluir un decreto de amnistía delitos en perjuicio de la Administración pública.

"En estos momentos que la ciudadanía exige castigo contra los corruptos, es desacertado incluir en un decreto de amnistía por delitos en perjuicio de la Administración publica, como el enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos", escribió Santos en Twitter.

También, el abogado penalista Félix Ávila, dijo estar sorprendido con esta determinación del Congreso que "es un atentado en la democracia".

"Toda la sociedad hondureña está sorprendida por esta sorpresa tan temprana de este gobierno, nos han salido con un pacto de impunidad, es un atentado en la democracia", apuntó Ávila.

Rasel Tomé defiende amnistía

Finalmente, el diputado Rasel Tomé, del partido Libertad y Refundación (Libre), indicó que la amnistía beneficiará a los presos, procesados, enjuiciados y condenados por asuntos políticos durante el golpe de Estado.

"Este es un decreto para la refundación del Estado y que los hechos no se repitan nunca más. Con ello se condena el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 derogando el decreto donde se llamó "sucesión presidencial", a lo que fue un golpe de Estado", apuntó el parlamentario.

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