Esto se debe a que Mario Urquía, depurado como postulante para la titularidad de la Fiscalía, presentó el pasado jueves un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solicitando la suspensión del acto reclamado para que se le restituya el derecho a optar a cargos públicos.
El abogado fue separado tras recibir una tacha por conflicto de intereses, ya que él presidió la Junta Nominadora que seleccionó a los candidatos al Pleno de Magistrados 2023-2030, cuya presidenta, Rebeca Ráquel, es la titular de la actual Junta Proponente.
En caso de que se admita el amparo con la suspensión del acto reclamado, el proceso de elección del fiscal general y fiscal general adjunto se verá detenido hasta que la Sala de lo Constitucional emita una resolución definitiva, según explicó el profesional del derecho y miembro de la Junta Proponente, Odir Fernández.
Fernández también comentó en el foro Frente a Frente de Canal 5: "Si hoy se admite (ocurre una) crisis porque se para el trabajo de la Junta Proponente porque no podemos entregar el listado (de cinco candidatos) mañana al Congreso Nacional".
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No obstante, si no se admite o se admite el amparo sin suspensión del acto reclamado, no habrá interferencia en el envío de la nómina de cinco postulantes al Legislativo, y antes del 31 de agosto los 128 diputados podrán elegir con mayoría calificada (86 votos favorables) a las nuevas autoridades del Ministerio Público, quienes entrarán en funciones el 1 de septiembre de 2023.
En este caso, la Junta se disolverá una vez entregue el listado, y según "el artículo 59 y 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional establece que una vez desaparecido el órgano no tiene razón de ser una garantía de amparo".
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