El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, se refirió este viernes a varios puntos torales en el marco de la la entrega de 99 acuerdos de nombramientos permanentes para empleados que estaban por contrato en el Poder Judicial hondureño.

Argueta mencionó, entre varias cosas, la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) ,extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.

Según el titular de la CSJ, no bastará reformar el artículo 232 de la Constitución de la República, que faculta al Ministerio Público como el organismo responsable del ejercicio de la acción penal pública, para que la CICIH funcione como un querellante adhesivo, como lo han pedido ciertos sectores de sociedad civil.

"La sensación de algunos funcionarios es que hay alguna idea en que los procesos mejorarán cambiando la ley o reformándola, no basta una reforma a la Constitución para mejorar las instituciones para que puedan presentar un mejor servicio", respondió a la interrogante sobre la idea de reformar la Constitución.

Argueta sostuvo que es importante contar con un mecanismo anticorrupción, pero que la necesidad más concreta que se tiene en el país es fortalecer los entes judiciales.

Asimismo, consideró que debe haber un mayor compromiso de las entidades políticas para dar respuestas adecuadas y oportunas en la concurrencia de otros delitos más allá de la corrupción.

"Hay mucho delito de extorsión, crimen organizado, delito contra la vida, que necesitan fortalecerse en la investigación. Creo que ver solo el tema de la corrupción es un error por parte del Estado", señaló.

Legalidad de las ZEDE

Sobre la legalidad o ilegalidad de las ZEDE, Argueta indicó que no fue el Poder Judicial quien creó las zonas de desarrollo, sino que fue la misma Constitución y su Ley Orgánica.

"Nosotros solo formalizamos, nunca ejercitamos una actividad judicial en pro de la instalación de esas áreas, entiendo que son tres a nivel nacional", apuntó.

Argueta recalcó que el pleno de magistrados de la CSJ no estaba de acuerdo en violentar la soberanía y la independencia del Estado con la instalación de las ZEDE que recientemente fueron como inconstitucionales.

"Lo dejamos plasmando y hay constancia de ello, pero lo realmente importante es que, es un incentivo a la inversión y seguridad jurídica, para propiciar fuentes de trabajo, es lamentable que no se genere empleo en el país", dijo.

"La conciencia de quien les habla está tranquila, nunca he actuado de manera dolosa o tomado una decisión al margen de la ley sobre las ZEDE u otro caso", agregó el funcionario.

Extradición de Hernández

Finalmente, el titular del Poder Judicial se refirió el caso de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández y en tal sentido manifestó ese poder no conoció ninguna acusación que frenara su extradición.

"Se ha dicho que somos culpables por la falta de sanción penal en cuanto al ciudadano (Hernández), pero nunca tuvimos ningún expediente hasta antes de la solicitud para extraditarlo", aseguró.

Añadió que cuando llegó la petición de extradición de Hernández se le dio el trámite establecido y de una manera adecuada se respetaron los plazos.

"Se tomó la decisión de primera instancia que manda la Constitución y en segunda instancia que es el pleno de magistrados de ratificar la decisión que dio lugar a la extradición", enfatizó.

Hernández fue extraditado a Estados Unidos el 21 de abril de 2022 por supuestos vínculos con el narcotráfico y se espera que su juicio de inicio a mediados de abril de 2023 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

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