Esta campaña, en la que también participó la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), tiene como objetivo generar entornos seguros para los niños, niñas y adolescentes de Honduras.

Entre 2016 y 2022, según la ASJ, se registraron 8,080 denuncias por este tipo de delitos, con la mayoría de los casos concentrados en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Comayagua, Atlántida y El Paraíso.

En un período más reciente, entre 2021 y 2022, el sistema de seguridad y justicia de la ASJ reportó 3,112 denuncias de abuso sexual infantil, afectando principalmente a menores de entre 8 y 15 años.

Según el Índice de Impunidad y Respuesta Institucional ante el Abuso Sexual Infantil en Honduras (2016-2022), presentado en junio por la ASJ, solo uno de cada diez casos de abuso sexual infantil judicializados recibe una sentencia condenatoria.

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El director de Seguridad y Justicia de la ASJ, Nelson Castañeda, denunció que Honduras se ha convertido en un "paraíso" para los "violadores, pedófilos y pornografía infantil", atribuyendo la problemática a la falta de medidas y la desatención por parte del Congreso Nacional hacia gran parte de las denuncias.

El índice de impunidad de estos casos ha aumentado significativamente del 80.90 % en 2019 al preocupante 90.60 % en 2022, agrega el informe.

Los delitos sexuales más denunciados, según las cifras de la ASJ, incluyen violación, violación especial, estupro y otras agresiones sexuales.

El informe revela además una tendencia alarmante en cuanto a las víctimas, con un 87.7 % de ellas siendo niñas entre los años 2016 y 2020. Esta cifra se incrementó al 89 % entre 2021 y 2022.

Datos adicionales proporcionados por la Secretaría de Salud, citados por la ASJ, exponen que entre 2020 y 2022 se registraron 71,622 partos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años, lo que refleja una situación crítica en cuanto a la maternidad temprana y la vulnerabilidad de estas jóvenes.

Recomendaciones

Ante esta situación, la ASJ ha presentado al Gobierno una serie de recomendaciones con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones frente a este flagelo.

Entre ellas se encuentra la necesidad de mejorar la capacitación del personal técnico especializado, impulsar mecanismos claros y accesibles para fomentar las denuncias, promover programas eficientes para proteger a los testigos.

Además, concientizar y sensibilizar a los operadores del sistema de justicia y mejorar la coordinación institucional para brindar un trato adecuado a las víctimas.

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