Este sábado continúa la jornada de entrevistas públicas de aspirantes a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el periodo 2023-2030, ante los miembros de la Junta Nominadora (JN).

El primer aspirante en subir al estrado fue Oliver Gerardo Antonio Erazo Gómez, a quien se le consultó, entre otros temas, cuál es el procedimiento se se sigue penalmente para juzgar a los funcionarios de Estado y si este debe reformarse.

Tras explicar el procedimiento, aseguró que "soy del criterio de que no se necesita una reforma, sino que hay que aplicar la Ley al caso concreto".

Congreso Nacional y sentencias de inconstitucionalidad

Al abogado y notario, Raúl Antonio Ramos Canales, se le preguntó de qué manera incide la no publicación de las sentencias de inconstitucionalidad del Congreso Nacional.

"Creo que la CSJ a través de sus magistrados no ha querido comprometerse o causar un conflicto por el no cumplimiento de la publicidad de ese fallo; deben buscarse mecanismos alternos para hacer una reforma mediante la cual en el caso de que el CN no procesa a su publicación, poder hacer su divulgación por cualquier medio para que la población tenga conocimiento de la misma", indicó.

A esto agregó que, "al no publicarse una sentencia de inconstitucionalidad, prácticamente el CN no hace la reforma de la norma inconstitucional, entonces tanto la población nacional e internacional se encuentra a un país que no respeta el ordenamiento jurídico".

Poderes del Estado ¿independientes o complementarios?

La tercera en ser entrevistada fue la abogada, con especialidad mercantil, Rebeca Lizette Raquel Obando, a quien se le consultó cómo debe funcionar la complementariedad de los poderes del Estado.

"Todo Poder del Estado es independiente y debemos respetar precisamente eso para fortalecer el Estado de Derecho, o sea, ni el Poder Judicial está sobre el Ejecutivo, ni el Poder Ejecutivo está sobre el Judicial, todos deben interrelacionarse para el bien del país", explicó.

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De igual manera puntualizó que "no se puede trabajar ningún Poder como si fuera una isla, al contrario las acciones deben de enmarcarse en querer unirse, ser una sola fuerza para sacar el país adelante".

Desplazamiento forzado en Honduras

Por su parte, a la abogada Sandra Lizeth Avelar Rajo, se le preguntó qué acciones jurídicas propondría para evitar el desplazamiento forzado en los territorios de los pueblos originarios y afrodescendientes.

“Esta situación se ha venido arrastrando o sucediendo, en los últimos tiempos por la falta de seguridad jurídica… no es posible que esta situación siga sucediendo… es vital que se implemente la seguridad jurídica para protegerlos”.

Protección a las trabajadoras domésticas

Tirza del Carmen Flores Lanza fue la siguiente aspirante en ser entrevistada; se le preguntó qué propondría jurídicamente ante la poca protección de los derechos de las trabajadoras domésticas.

“Creo que en el tema de las trabajadoras domésticas se debe hacer una campaña importante en relación de la aprobación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que aún no ha sido aprobado y que es una necesidad urgente”, respondió.

Agregando que, a su criterio, en el Código del Trabajo de Honduras “hay violaciones terribles a los derechos de los trabajadores domésticos”.

Cabe destacar que el convenio 189 de la OIT establece los derechos y principios básicos y exige a los Estados tomar medidas para lograr que el trabajo decente sea una realidad para trabajadoras y trabajadores domésticos.