Las autoridades del Instituto de la Propiedad (IP) afirmaron este jueves que sus gestiones están enmarcadas en la ley, luego de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenara la intervención de ese ente por presuntos actos de corrupción al financiar la construcción de viviendas e inscribir ilegalmente terrenos y vehículos.

En caso de ser requerida por las autoridades competentes, "cuento con la documentación suficiente para demostrar que todo mi actuar ha sido dentro del marco de la ley", dijo la secretaria ejecutiva del IP, Lucy Salgado, en una conferencia de prensa.

Miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetcoop) llegaron al IP para revisar y secuestrar documentos, luego de que la mandataria Castro anunciara la intervención por el supuesto desvío de más de 18 mil millones de lempiras de un fideicomiso para la transformación digital de la institución.

El fideicomiso fue aprobado durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) quien fue hallado culpable por delitos de narcotráfico en Estados Unidos y espera sentencia en junio próximo, pero parte de los fondos quedaron para ejecución en la actual administración del IP.

Lucy Salgado dijo que la intervención se centra específicamente en la dirección de regularización predial del IP y que se han abierto las puertas para que se realice la investigación pertinente.

Destino de fondos

Según la presidenta Castro, los fondos del fideicomiso habrían sido destinados para financiar la construcción de viviendas, gastos publicitarios y supuestas obras sociales.

Además, denunció que en el IP se están realizando inscripciones ilegales de terrenos y vehículos y que el Ministerio Público está investigando al respecto.

Liquidación legal de fondos

Salgado señaló que existe desinformación en relación con la liquidación de fideicomisos de la unidad coordinadora de proyectos del IP, con el fin de desacreditar a funcionarios y empleados, ya que han actuado legalmente, incluso tomando decisiones junto con la Secretaría de Finanzas y el banco a cargo del fideicomiso.

Por su parte, el diputado y precandidato presidencial de Libre, Jorge Cálix, relacionó el caso con una persecución política en su contra, ya que en el IP está contratado personal recomendado por él.