En el marco de la Operación Némesis IV, el Ministerio Público investiga el uso y manejo de millonarios contratos de fideicomiso ejecutados por el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) con otras instituciones gubernamentales entre 2016 y 2019.

Según el comunicado de la Fiscalía, presuntamente existe un desvío de recursos en programas de inversión, tal como para la administración de tierras, la reparación de la red vial primaria, secundaria y terciaria.

Asimismo, para la ejecución de unidades productivas de bienes incautados, el sistema de registro vehicular y placas y hasta de fondos provenientes de multas y licencias de conducir, siendo el centro de la investigación si estos se destinaron a fines distintos.

El Ministerio Público informó que obtuvo información de Banadesa pasa su análisis y pericias ante la supuesta comisión de los delitos de violación a deberes de funcionarios, fraude y malversación de caudales públicos.

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Otras diligencias

La Fiscalía judicializó el caso contra un exempleado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) por la sospecha de emisión de permisos de operación, presuntamente falsificados, por ello inspeccionará la alcaldía de La Ceiba y decomisará documentación en los departamentos de Tesorería, Secretaría, Contabilidad, Tributación y Departamento Legal.

En la Operación Némesis IV también se abordarán supuestas intimidaciones en detrimento de operadores de justicia, realizando dos decomisos y dos inspecciones en las oficinas del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Tegucigalpa.

Mientras en San Pedro Sula se indagarán amenazas a fiscales con cinco inspecciones y habrá diligencias por los delitos de de coacción, limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales y abuso de autoridad en perjuicio de miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Paralelamente "presentará requerimiento fiscal por delitos relacionados con torturas y violación de los deberes de los funcionarios, a la vez, se desarrollarán inspecciones en las comunidades garífunas de Bajamar y Sarawaina en conjunto con personal técnico de la Fiscalía del Ambiente".

Por otra parte, se interpondrán cerca de 40 acusaciones por violencia de género.

Entretanto se desarrollarán operativos allanamientos, ejecución de órdenes de captura, detenciones infraganti, decomisos e incautaciones, entre otras acciones para reprimir y prevenir el delito.

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