Esta decisión fue anunciada este lunes durante la reunión de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos.
La Cancillería brasileña se unió a un grupo de naciones que incluye a Canadá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Chile.
Estos países instan al régimen de Ortega a liberar a los disidentes detenidos y a permitir la entrada de un equipo de inspectores de la Comisión de Encuesta de la ONU, encargados de investigar los crímenes cometidos por el régimen nicaragüense.
La incorporación de Brasil a esta coalición de países críticos de las acciones del gobierno de Ortega ha generado opiniones a favor, entre ellas la del defensor de derechos humanos Paulo Abrão.
{"url":"https:\/\/twitter.com\/PauloAbrao\/status\/1703808427560931729","type":"rich","providerNameSlug":"twitter","className":""} -->Mientras algunos aplauden la participación de Brasil en el grupo, disidentes nicaragüenses entrevistados por UOL, bajo condición de anonimato, expresan su esperanza de que 'Lula' da Silva "utilice su influencia para ejercer mayor presión sobre Ortega y poner fin a la represión en Nicaragua".
Uno de los puntos clave señalados en el comunicado conjunto emitido por los países miembros de esta coalición se refiere al cierre de más de 3,372 organizaciones de sociedad civil en Nicaragua, incluyendo medios de comunicación independientes y el espacio cívico.
Además, denunciaron la revocación arbitraria de la nacionalidad de más de 300 nicaragüenses considerados opositores al Gobierno, lo que ha llevado a un éxodo masivo de ciudadanos en busca de asilo.
Otro tema que genera gran preocupación es la intensificación de la represión contra la Iglesia católica en Nicaragua, con la reciente detención y condena del obispo de Matagalpa, Rolando José Álvarez Lagos, a más de 26 años de prisión debido a su negativa a exiliarse.
Además, lamentaron el cierre y la confiscación de bienes de la orden religiosa jesuita y de la Universidad de Centroamérica, elevando a 27 el número de universidades cerradas en el país.
El llamado de Brasil y otros países en esta coalición es que el gobierno de Ortega coopere plenamente y permita el acceso de relatores de derechos humanos de la ONU para investigar la situación en Nicaragua, y establece un cambio en la posición de Brasil en torno a las violaciones de derechos humanos en el país centroamericano.
Posición de Honduras
En una posición contraria, la presidenta Xiomara Castro condenó los "bloqueos económicos" contra Nicaragua durante la cumbre del Grupo de los 77 y China (G77+China) que se celebró en La Habana, Cuba.
La posición le generó críticas por parte de defensores de derechos humanos hondureños y extranjeros.
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