Es una iniciativa que surge del Mecanismo de Prevención Contra la Tortura, el que a través de la Unión Europea financió un consultor internacional para la construcción de la propuesta.

Ese plan se entregó el año anterior al secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, y según explica Glenda Ayala, excomisionada del Conaprev, generó una serie de procesos a lo interno del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

“Tomaron a bien adoptar el proyecto y adaptarlo a algunas necesidades nacionales como fortalecer el tema de seguridad que no está específicamente definido, así como aspectos que ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las políticas penitenciarias”, explica la abogada.

Ahora lo socializan con las autoridades del INP y el directorio estratégico de la Policía.

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Logros

Uno de los logros de la política nacional de rehabilitación y reinserción es que se está fortaleciendo el marco normativo y los protocolos de atención y actuación de las autoridades.

“El año pasado se reestructuró la unidad de protección de derechos humanos del INP que solo estaba en la Ley del Sistema Penitenciario, pero no era funcional y generó la creación de cuatro secciones”, dice Ayala

Esas cuatro secciones son: monitoreo y denuncias para recepcionar denuncias de usuarios y ser una alerta temprana en el tema de violaciones de derechos humanos.

La segunda es la de equidad de género, la tercera es seguimiento de cumplimiento de resoluciones y recomendaciones en la que se diseña un programa digital que va a contener la recomendación y cumplimiento a lo interno de la institución.

Por último, la sección de formación en la que se implementa un manual de formación en derechos humanos.

No solo es planificar la formación, sino brindar y monitorear el nivel de cumplimiento.

Política debió existir

Para la juez de ejecución Mildred López, esa política nacional debería estar operando porque es constitucional.

“La Constitución dice que si es encontrado culpable debe someterse a un tratamiento progresivo penitenciario para su rehabilitación y reinserción, ´pero no se ha tenido.

Las cárceles están llenas de internos vegetando porque aunque hay espacios para talleres, no se han implementado”, lamenta.

A criterio de López, el trabajo de todo privado debería ser sistematizado y no servir para que unos se hagan ricos y otros no.

“Se ven clases sociales en el centro penal, ese tema lo hemos hablado desde hace muchos años, pero con esta política tendremos un norte a seguir. Está en papel, pero se necesita que la autoridad ponga atención y de los fondos para que se realice”, pide la Juez.

Privados piden trabajar

En las cárceles hay un clamor que los propios privados han trasladado a los jueces de ejecución y es: trabajar.

“Están pidiendo trabajar. Son privados de las cárceles de máxima seguridad que dicen que ellos pueden arreglar pupitres u otras tareas. Si ellos se están ofreciendo, hay que ponerles atención”, explica Mildred López.

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Urge la rehabilitación

Para Hugo Maldonado, presidente del Comité de Defensa de Derechos Humanos (Codeh), es urgente tener un proyecto de rehabilitación del privado de libertad porque la población penitenciaria no tiene rehabilitación.

“La ley de rehabilitación solo fue una simple ley que tuvo determinada aplicabilidad al interior de los centros penitenciarios.

Es urgente prepararlos para la vida después de la cárcel y que sean personas de bien”, dice el defensor.

Maldonado lamenta que los privados no tengan información de su situación jurídica, atención en salud y otros aspectos que también deben atenderse en los penales.