Al momento de su detención, a los presuntos criminales se les decomisó seis notas extorsivas dirigidas a comerciantes del municipio de Puerto Cortés, las cuales firmaban con el sello de su pandilla "Barrio 18".

En las cartas los extorsionadores indican a sus víctimas lo que deben hacer para evitar represalias, así como las cantidades de dinero que exigen como concepto del mal llamado "impuesto de guerra".

Asimismo, en las notas extorsivas los pandilleros de la 18 también comparten los números telefónicos a los que deben de comunicarse.

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A los siete sujetos también les decomisaron armas de grueso calibre, incluso de guerra, dinero en efectivo teléfonos celulares.

La detención se ejecutó también, gracias a la denuncia de testigos protegidos, quienes dieron a conocer las acciones de los supuestos extorsionadores.

A los siete hondureños se les supone responsables de los delitos de extorsión en perjuicio de testigos protegidos; porte de arma de fuego de uso prohibido, armas de fuego de uso comercial y asociación para delinquir.

 Extorsión en Honduras

Un informe de 2022 de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reveló que en Honduras se paga 18 millones de lempiras anuales en extorsión, lo que representa casi el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y al 15 por ciento de la recaudación fiscal anual.

De acuerdo con la ASJ, anualmente más de 847 mil hondureños son víctimas de extorsión, es decir, el 9 por ciento de los hogares en el país.

En promedio, un afectado por este flagelo paga 87 mil 400 lempiras al crimen organizado cada 12 meses.

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