La Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCP) junto a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizaron un allanamiento en el hogar San Rafael, ubicado en la aldea El Venado de Villanueva, Cortés.
La intervención tuvo como objetivo principal el decomiso de expedientes de menores que habrían sido víctimas de maltratos físicos y psicológicos.
El Ministerio Público ha formulado un requerimiento fiscal contra seis personas relacionadas con el centro, acusadas de explotación en condición de esclavitud o servidumbre.
Los imputados son Alta Gracia Cruz Velásquez, Deisy Leticia López Martínez, José Yobany Rivera Baca, Ana María Borjas Dubón, Marco Antonio Villanueva Rodríguez y Cristhian Joel Muñoz Menjívar.
La investigación se originó tras una denuncia que llevó a los agentes del grupo especializado en delitos contra la libertad sexual de la ATIC a constatar numerosas irregularidades.
Según los informes, los menores eran obligados a abandonar sus estudios para realizar labores de ganadería, entre otros trabajos, sin recibir la alimentación adecuada; incluso se encontraron alimentos y medicamentos vencidos almacenados en el lugar.
Además, se reveló que los niños sufrían severos castigos físicos si desobedecían o fallaban en completar las tareas asignadas por sus cuidadores.
Un aspecto particularmente alarmante fue el manejo de las donaciones recibidas por el hogar, ya que, según las autoridades, la directora Alta Gracia Cruz Velásquez se apropiaba de estos insumos, limitándose a utilizar a los menores para tomar fotografías antes de retirarles lo donado.
Anteriormente, agentes de la ATIC, con apoyo de la extinta Dirección Nacional de Adolescencia y Familia (DINAF), ya habían llevado a cabo el rescate de los menores afectados.
El caso continuará avanzando en el sistema judicial, con una audiencia de declaración de imputado programada para el próximo viernes en el juzgado de letras de Villanueva, donde los acusados deberán responder por los graves cargos imputados.
