Una ampliación presupuestaria de 30 millones de lempiras que la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) solicitó a la secretaría de Finanzas en 2011, originó la "piñata política" de más de 208 millones de lempiras manejados por la fundación "Todos somos Honduras", según el informe forense de un perito del Ministerio Público en la investigación sobre el Caso Pandora.

Los 30 millones de lempiras fueron solicitados por el titular de la SAG, Jacobo Regalado, para supuestamente financiar cuatro proyectos de ayuda a los pobres, los cuales nunca se ejecutaron, según detallaron los peritos forenses.

"El perito dijo que el perjucio causado al Estado fue de 208 millones de lempiras, sumado a 78 millones de lempiras que salieron de la fundación "Dibattista", es un perjuicio que llega a 288 millones de lempiras", indicó el analista político Asdrúbal Murillo.

Finanzas autorizó el desembolso, pero el mismo entró a las cuentas de "Todos somos Honduras", pero a un destino político distinto al programa de agricultura en Olancho, Francisco Morazán y mujeres en Intibucá.

Esa cantidad de lempiras se canalizó vía la fundación "Todos somos Honduras" y de ese monto, al menos 1.6 millones de lempiras sirvieron para pagar tarjetas de crédito de familiares de Jacobo Regalado.

"Quien tiene el dominio sobre si se aprueba o no se aprueba un presupuesto no es el ministro, es Finanzas, y en ese sentido ellos hacen todo el procedimiento; después se hace una modificación del presupuesto y al final se ejecuta", defendió el abogado Félix Ávila.

Fondos no fueron liquidados por la SAG

Los convenios de la SAG se firmaron luego que la SAG autorizara el desembolso firmado por el abogado Jaime Antonio Suárez, quien no era parte de la fundación "Todos somos Honduras", de la cual era apoderado legal su hijo, Fernando Suárez.

El hijo de Jaime Antonio emitió cheques a su nombre por casi 9.7 millones de lempiras. Mientras tanto, los proyectos nunca existieron, reveló el informe forense del Ministerio Público.

El perito del Ministerio Público ratificó que los fondos de la "piñata política" de 208 millones de lempiras no fueron liquidados, que los proyectos no existieron y tampoco fueron ejecutados por la SAG y su ministro Jacobo Regalado.

Cabe señalar que, Regalado es acusado de ocho delitos de violación a los deberes de los funcionarios, ocho por fraude y seis por malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública.

En junio de 2018, la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco) junto a la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) judicializaron el Caso Pandora, que incluyó a 36 imputados, entre ellos funcionarios estatales y actuales diputados del Congreso Nacional.

En el requerimiento fiscal figuraron los actuales diputados Celín Discua, Rodolfo Irías Navas, Elvin Santos, Miguel Edgardo Martínez, Elden Vásquez, entre otros.

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