De los más de ocho mil detenidos que deja el estado de excepción en Honduras, que inició el 6 de diciembre de 2002, apenas 86 casos llegaron a los Juzgados en Materia de Extorsión, revela la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en su informe "Extorsión bajo la lupa".
"El mes de mayor ingreso de casos fue enero 2023, con 20 casos, mientras en diciembre 2022 y marzo de este año, solo ingresaron 14 casos", dice el informe.
Como siempre la mayor concentración de casos se da en San Pedro Sula con 51
casos y Tegucigalpa con 35.
"La Policía Nacional está trabajando, incluso ha perdido policías en el ejercicio de sus funciones. El problema es que los hondureños queremos ver resultados que se han dado como en El Salvador, queremos acción, pero son escenarios diferentes", explica Gonzalo Sánchez, analista en seguridad.
En el país para un verdadero combate a la extorsión asegura que hace falta que se forme un frente común y no dejar sola a la Dirección Policial Anti Maras, Pandillas y Crimen Organizado (Dipampco).
"Se debe formar un frente común entre el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía para combatir a las maras y pandillas. Solo la Dipampco no puede contra ese delito", dice Sánchez.
Modelo garantista
Raúl Pineda Alvarado, analista, dice que la Policía de Colombia se queja porque de mil remitidos a Tribunales por extorsión, apenas 86 terminan en prisión en ese país.
"Es un modelo procesal garantista que evita al máximo la prisión preventiva. Pero el problema no se resuelve metiendo presos a recolectores, sicarios o palabreros, sino a los jefes que manejan el negocio que en Honduras", señala.
El analista considera que este esfuerzo que hace la Dipampco sirve, pero que si no se ha aprovechado es otra cosa.
"Este no es un tema de Policía sino que tiene que ver desde la educación, religiosidad, medidas de auto protección de empresarios, actitud de transportistas en organizarse en sistema de autodefensas para no ser una víctima fácil", advierte.
Reaccionan
El subcomisionado Eduardo Lanza de la Dipampco dijo que la prisión preventiva de todos los casos remitidos por la Dipampco es alto.
"Es un 90.12 por ciento de que todas estas personas quedan privadas de libertad, hay un 4.15 por ciento de sentenciados y solo el 5.73 por ciento obtiene medidas sustitutivas", explica el oficial.
En cuanto a las denuncias señala el oficial Lanza que en 2022 se interpusieron 1,812 denuncias y en lo que va de 2023 son 1,394".
Aseguró que no es suficiente lo que hacen, pero que van en la ruta para combatir el delito.
Jefes manejan contactos y mucho dinero
Según Pineda Alvarado, los jefes de la extorsión en Honduras manejan unos L400 millones.
"No es gente tatuada, es gente con contactos en la Policía en las Fuerzas Armadas, en instituciones. Entonces la pregunta es, -¿como estaríamos sin el estado de excepción?, estaríamos peor".
Estar señalando solo lo malo y no proponer soluciones es para Pineda Alvarado, un discurso desfasado.
"Una solución es el grillete electrónico, pero habría que ser creativos. Criticar por justificar algún apoyo, no es sano. Todos sabemos qué está pasando y la extorsión es un fenómeno incontrolable", apuntó.
Más inteligencia
Una recomendación que hace Gonzalo Sánchez a las autoridades es hacer un trabajo de más inteligencia.
"Un monstruo como la extorsión no lo vamos a combatir en seis meses de estado de excepción, se ocupa voluntad política para frenarlo y además, más inteligencia. Hay que llegar a los cabecillas", señala.
La ASJ considera en su informe que el plan para combatir la extorsión en Honduras tiene buenos elementos técnicos y que de ser ejecutado eficientemente sí podría lograr la reducción de la extorsión.
Dato
El plan contra la extorsión está compuesto por ocho ejes y contiene un total de 30 acciones concretas que permiten la evaluación de su implementación.
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