El Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) ha presentado este lunes un análisis crítico respecto a la construcción de una megacárcel en las Islas del Cisne, ubicadas en el Caribe hondureño.

Para la organización de sociedad civil, la decisión de ubicar una cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne, una zona que tiene una reconocida importancia ecológica y que contribuye a la regulación climática global, "es alarmante".

El proyecto, cuya licencia ambiental aprobó el Gobierno el pasado 4 de julio, amenaza la integridad de los ecosistemas y la vida marina, lo que genera un conflicto entre seguridad y preservación ambiental, señala el Fosdeh.

Además, la modalidad de contratación directa en los procesos de licitación y adquisición de bienes y servicios plantea serias dudas sobre la transparencia y los criterios utilizados para adjudicar contratos, agrega el documento del Fosdeh titulado "Isla del Cisne: ¿Prisión o Santuario Nacional?

Falta de estudios de mitigación

El análisis de Fosdeh subraya que no se han hecho públicos los estudios de control y mitigación del proyecto, y que su divulgación es fundamental para evaluar los posibles impactos ambientales, sociales, políticos y económicos.

También enfatiza la necesidad de abordar los problemas de seguridad sin afectar los derechos humanos ni desestructurar el sistema jurídico nacional, buscando un equilibrio adecuado entre ambas problemáticas.

El Fosdeh destaca que mantener a un número significativo de personas en estas instalaciones implicará altos costos en recursos como agua, manejo de desechos, servicios sanitarios y movilización de personal. Por ello, es crucial evaluar si el Estado hondureño está dispuesto a asumir estos costos aún no divultados.

Propuestas

En su análisis, el Fosdeh se refiere al estado de excepción implementado por el Gobierno desde diciembre de 2022 y que no han mostrado respuestas adecuadas para la reducción de la criminalidad en el territorio.

En ese sentido, el Fosdeh propone explorar alternativas que aborden las causas profundas de la violencia y criminalidad en Honduras, incluyendo políticas de prevención, rehabilitación y reintegración social en lugar de construir más cárceles.

Además, es imperativo que Honduras abandone las prácticas de opacidad en la contratación y asignación de proyectos del Estado e insiste en que se deben hacer públicos los costos económicos, sociales y ambientales de estos proyectos.

Finalmente, cuestiona las verdaderas motivaciones detrás de este emprendimiento y enfatiza que las decisiones deben priorizar la justicia, transparencia, respeto a los derechos humanos y protección del medio ambiente, en beneficio de la sociedad hondureña.

La construcción de la cárcel en las Islas del Cisne fue aprobada mediante el decreto ejecutivo PCM-18-2024 por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), en el marco del Plan de Solución contra el Crimen.