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En un comunicado, firmado por la Coalición Anticorrupción, también denunciaron amenazas contra el equipo del Cespad, aunque no especificaron desde quién o quiénes venían dirigidas.
"Denunciamos las amenazas a la integridad personal que han recibido miembros del equipo del Cespad, que ocurren en el marco una auto convocatoria"
La cancelación la dio a conocer el director ejecutivo del Cespad, Gustavo Irías, durante una conferencia de prensa que se realizó en un hotel de Tegucigalpa, capital de Honduras.
La movilización de antorchas había sido anunciada desde el sábado, sin embargo, el Cespad denunció estigmatización por parte del Gobierno y finalmente, "para evitar conflictos", tomó a bien cancelarla.
"Nos alarma sobremanera la forma en cómo se ha estigmatizado esta expresión de protesta que responde al ejercicio pleno de los derechos cívicos de libertad de asociación, libertad de protesta y el derecho a disentir", indicó la organización en un comunicado.
Agregaron que les preocupa la respuesta de Libertad y Refundación (Libre), "porque se traduce en una postura gubernamental que restringe el derecho a contar con espacios cívico-democráticos" y además "siembra temor y dificulta la construcción del consenso social".
De igual modo, lamentaron que, desde el Gobierno, se les señalara de tener una motivación política.
"Hemos insistido en que no somos organizaciones de oposición al Gobierno, todo lo contrario, apoyamos todos los esfuerzos que la sociedad hondureña en oposición realizó contra los regímenes instaurados por el Partido Nacional después del golpe de Estado, especialmente contra los gobiernos del señor Juan Orlando Hernández", indicó el director ejecutivo del Cespad.
La marcha demandaba la derogación de decretos que se denominan "pactos de impunidad", como el 116-2019 y el 4-2022, "que constituyen normativas que bloquean la lucha contra la corrupción en Honduras y protegen a las redes corruptas".
Asimismo, la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz (dictaminada desde noviembre de 2022) y las reformas pertinentes al Código Penal, "que continúa bloqueando la acción penal y violentando el acceso a una justicia independiente e imparcial".
Y, como punto principal, el respaldo a la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
"Esta marcha no fue convocada para confrontar al Gobierno, pero sí para exigir demandas ciudadanas, porque, insistimos, derechos que no se pelean en las calles, son derechos que no se conquistan", agregó Gustavo Irías, director ejecutivo del Cespad.
Preocupación
Tras anunciar la movilización de antorchas el Cespad, el asesor presidencial y expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) también convocó a una movilización paralela, para promover la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, "objetada por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el bipartidismo", y "en apoyo a la presidenta Xiomara Castro para la instalación de la CICIH".
La cancelación del Cespad esta movilización se produce poco días después del arribo de la misión de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que, junto con el Gobierno, negociará la posibilidad de instalar una CICIH en el país.
La exigencia de la instalación de una CICIH en el país data desde 2015, cuando se conoció que políticos del entonces partido gobernante, Partido Nacional, fueron beneficiados con fondos provenientes del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que provocó un perjuicio al Estado de L 6,500 millones.
Tras conocerse el fraude, miles de hondureños se movilizaron hacia las calles durante varios meses, con la exigencia de que llegara una CICIH similar a la que ese año en Guatemala logró el derrocamiento y encarcelación del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, por su implicación en el caso de corrupción conocido como La Línea.
Finalmente, el Gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA) pactaron la llegada de una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que funcionó entre 2016 y 2020, pero cuyo convenio no fue renovado por el Congreso Nacional, controlado en ese momento por el Partido Nacional.
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