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A través de un pronunciamiento emitido el miércoles, el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) se sumó a las organizaciones que se han manifestado en contra de la construcción de una mega cárcel en las Islas del Cisne, al considerar que ese proyecto representa una "amenaza directa a ecosistemas únicos y de alto potencial para la investigación científica".
El Gobierno anunció el pasado 4 de julio la aprobación de la licencia ambiental para la construcción de la Cárcel de Máxima seguridad a un costo de dos mil millones de lempiras y con capacidad para dos mil reos.
Uno de los argumentos del titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambientes (Serna), Lucky Medina, ante las críticas que ha recibido la decisión gubernamental es que las Islas del Cisne no son legalmente un área protegida.
Sin embargo, el Cespad le recuerda al funcionario que el archipiélago fue declarado área protegida por Decreto Ejecutivo No. 3056-91 y ratificado como Parque Nacional Marino “Abogado Agustín Córdova Rodríguez”, mediante el Decreto Legislativo 128-94.
Dicho decreto prohíbe las actividades de caza y pesca, regula el uso de la tierra y garantiza legalmente la protección del hábitat, animales marinos y terrestres de la reserva.
"Desconocer las salvaguardas legislativas otorgadas al Parque Nacional “Agustín Córdova” (Islas del Cisne) sentaría un terrible precedente sobre la gestión de reservas naturales", señala la organización de sociedad civil.
Postura no es apoyo ni vinculación al crimen organizado
El Cespad aclara que su oposición a la construcción de este proyecto no se debe interpretar como un apoyo o vinculación con el crimen organizado, sino que su postura se fundamenta en los principios técnicos, científicos y ambientales, con el objetivo de fomentar la investigación y preservar la biodiversidad de Honduras.
Referéndum
El Cespad señala también que cualquier proyecto de estos territorios de alto valor ecosistémico debe ser autorizado o denegado por el pueblo hondureño, además de sus estructuras departamentales y municipales, por lo que "es esencial que el Estado impulse la figura del referéndum, habilitando la toma de decisiones informadas en el desarrollo en estas áreas".
Finalmente, la organización de sociedad civil reconoce que el valor geoestratégico de las Islas del Cisne "puede estimular intereses imperiales", por lo que expresa su rechazo a cualquier interés foráneo que pretenda convertir las islas en una base militar extranjera.
Al proyecto de la megacárcel también se ha opuesto, desde antes de que se aprobara la licencia ambiental, el Colegio de Biólogos de Honduras, por el impacto ambiental y ecológico, mientras que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha expresado su temor por el potencial riesgo de violación a los derechos humanos.