El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, aseguró que los retrasos en la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) se deben a las condiciones impuestas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), órgano que apoyará la creación de la entidad.

Zelaya argumentó que la rigidez de la ONU en las negociaciones está obstaculizando la firma del acuerdo necesario para oficializar la presencia de la CICIH en el país.

"Las condiciones que están imponiendo es lo que atrasa que se firme el acuerdo. Creo que la ONU no debería estar poniendo condiciones, deberían firmar el acuerdo, la presidenta está lista y cuando ese mismo acuerdo vaya a ser ratificado por el Congreso, entonces tenemos que hacer lo que nos corresponde", manifestó Zelaya.

Zelaya también señaló que ha mantenido reuniones con representantes de la CICIH, instándolos a proceder con la firma del convenio.

"Nos hemos reunido con la gente de la CICIH, les he dicho que se firme el convenio y cuando llegue el convenio a ser ratificado por el Congreso, pues tendremos que hacer los cabildeos, buscar los votos necesarios porque algunas reformas ocupan mayoría calificada", explicó.

Una de las condiciones de la ONU para la llegada de la CICIH es que se le dé independencia para investigar casos de corrupción.

Sin embargo, esto implicaría la reforma constitucional del articulo 232 de la Constitución de la Republica.

Convenio para la instalación de la CICIH

La instalación de la CICIH en Honduras es un paso crucial en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.

La comisión tendría como objetivo investigar y promover la persecución de redes criminales incrustadas en el Estado hondureño, así como fortalecer las instituciones en pro de la transparencia y la justicia.

Sin embargo, para poder instalar la CICIH es necesaria la reforma del articulo 232 de la Constitución de la República, misma que tomará tiempo ya que en caso de que se apruebe en esta legislatura, deberá ser ratificada en la siguiente legislatura, es decir, en 2025.

El articulo se refiere a las atribuciones del Ministerio Público y establece que corresponde a este órgano contralor "el ejercicio oficioso de la acción penal pública".

En ese sentido, el pasado 8 de febrero, la comisión del gobierno hondureño se reunió con miembros de la Secretaría General de la ONU para presentar la propuesta de convenio que ofreció la presidenta Xiomara Castro.

La secretaría general de la ONU hizo algunas recomendaciones y observaciones a la propuesta, mismas que el gobierno hondureño está revisando.

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