En el 163 Período Ordinario de Sesiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se deliberará y adoptarán acuerdos sobre el caso Gutiérrez Navas versus Honduras.

Este caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado hondureño por la destitución, calificada como "arbitraria e ilegal", de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Ellos son: José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira, destituidos entre los años 2012 y 2014.

Entre el 13 y 29 de noviembre de 2023, se debatirá este y cinco casos más. Pero por el de los exmagistrados, Honduras se expone a una condena en el pago de todas las indemnizaciones que la CIDH imponga.

Entre ellos: salarios que dejaron de percibir, reparar el daño moral y psicológico y al perdón que de manera pública deberá hacer el Estado de Honduras, entre otros.

El caso

Por la destitución de los magistrados se argumenta que no existía en Honduras disposición alguna que regulara la competencia de alguna autoridad y que se dio un procedimiento sancionador de carácter político.

Se alega que, con violación de las garantías que reconoce el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Congreso Nacional creó un mecanismo ad hoc dirigido a la destitución de las referidas autoridades judiciales.

Asimismo, el artículo 205, numeral 20, de la Constitución hondureña indica que el Congreso tiene facultades para aprobar o improbar la conducta administrativa de los magistrados.

"Se arguye que esa falta de previsibilidad permitió una excesiva discrecionalidad al Congreso, lo que resultó abiertamente contrario al principio de legalidad", dice la CIDH.

Además asegura que "las presuntas víctimas no tuvieron la oportunidad de ser escuchados y tener una defensa adecuada".

Esto porque no los convocaron para ejercer su derecho ni los notificaron previamente de alguna acusación o apertura de un procedimiento sancionatorio.

Los amenazaron

Los cuatro exmagistrados denunciaron que habían sido objeto de amenazas
y hostigamientos con posterioridad a su destitución.

Sin embargo, no consta que el Estado haya "efectuado investigaciones de carácter
penal o administrativo, de manera seria y efectiva", señalan.

El 12 de diciembre de 2012 a las 4 a. m. el Congreso Nacional de Honduras destituyó sin invocación de causa, sin competencia y sin el debido proceso legal a cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la CSJ.

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