Según la denuncia, el extitular de la OABI incumplió sus obligaciones y permitió que el exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, tomara con intimidación y amenazas una propiedad que le fue decomisada por el Estado hondureño por no justificar su adquisición.

"(Jorge) Gonzales Salinas fue notificado formalmente de esas pretensiones, pero no se tomaron las medidas para impedir que terceras personas accedieran al lugar y sacaran a la Cruz Roja Hondureña, que en ese momento tenía la posesión de la propiedad", dice el informe titulado "El absoluto silencio".

La OABI omitió que Chimirri llegara a la propiedad, una lujosa mansión localizada en Valle de Ángeles, Francisco Morazán, acompañado por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), y exigiera al personal de seguridad que entregara el bien.

Todo ello ocurrió después de que el 3 de marzo de 2022, gracias a una amnistía aprobada por el Congreso Nacional, Marcelo Chimirri fuera absuelto de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y cohecho por los cuales purgaba una pena de 17 años.

El CNA resaltó que Chimirri no presentó ninguna resolución judicial del Juzgado de Privación de Dominio u otra orden emanada de la OABI que autorizara la devolución del bien.

Incautación y comodato

La propiedad fue incautada el 7 de abril de 2013 por el Ministerio Público y posteriormente fue incautada por la OABI.

Dos años después, en 2015, se entregó el lujoso bien a la Cruz Roja Hondureña en concepto de comodato.

Ello implicaba una cláusula que facultaba a la organización humanitaria a reclamar el bien al momento en que fuera completamente poseído por el Estado hondureño.

Y, aunque la Cruz Roja Hondureña nunca lo reclamó, el bien estaba en poder del Estado desde 2017, de acuerdo a una sentencia. Esto último fue obviado por Marcelo Chimirri y por el exdirector de la OABI, institución que está intervenida desde el pasado 5 de febrero.

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