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De igual forma, el CNA señaló que es un peligro de injerencia y concentración de poder, dado que se le atribuye a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) un cargo elegido por la presidencia de la República, la facultad de investigar el patrimonio individual y las cuentas de los secretarios de Estado.
En ese sentido, el organismo de sociedad civil recuerda que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ya está facultado para ello.
Es por eso que, el CNA sugiere que en lugar de crear duplicidad de funciones, se debe de impulsar una reforma a la Ley del órgano contralor.
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Esto, para realmente hacer públicas las declaraciones juradas que se presenten por parte de los altos funcionarios del Gobierno y que se audite si lo declarado corresponde con sus ingresos y bienes reales.
La iniciativa
A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Prensa indicó que esta disposición incluye, además a los titulares de las instituciones autónomas, desconcentradas y descentralizadas.
El decreto añade que cada uno de los funcionarios autorizarán la investigación de sus cuentas, documentos que tienen que ser presentados a la CNBS en un plazo máximo de 30 días.
También exhorta a los funcionarios de los otros poderes del Estado y demás órganos constitucionales, a sumarse a esta iniciativa para la "Transparencia Financiera y el Combate al Enriquecimiento Ilegítimo".
Investigaciones
El CNA de momento sigue varias líneas de investigación sobre casos de corrupción del actual Gobierno, confirmó la directora ejecutiva de ese ente de sociedad civil, Gabriela Castellanos.
"Estamos trabajando líneas de investigación", al tiempo que dijo que son varias, pero que no puede en este momento a quienes y qué instituciones, aunque aseguró que al momento de finalizar las líneas de investigación se darán a conocer públicamente.
Además, no descaró que en los próximos días estarían entregando al Ministerio Público (MP) y al TSC expedientes de casos de corrupción del actual gobierno.
El actual Gobierno asumió funciones el 27 de enero de 2022, con la asunción al poder de Xiomara Castro, quien puso fin a doce años continuos de gobiernos nacionalistas; cuestionados por escándalos de corrupción y supuestos vínculos con narcotráfico.
Una de las principales promesas de campaña de las actuales autoridades fue la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).