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El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) mantiene firme su posición de que los delitos contra el honor deben sustraerse del nuevo Código Penal, porque, tal como están planteados en la Ley, representan un grave retroceso en materia de libertad de expresión y criminalizan el ejercicio periodístico.
Sin embargo, habría fuerzas políticas en el Legislativo que no apoyan la propuesta de este gremio, en el sentido de despenalizar los agravios que pudieran cometer los comunicadores en contra de alguna persona o funcionarios públicos.
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Colegio de Periodistas
Los artículos de la nueva normativa penal relacionados a los delitos contra el honor y la reputación “mantienen ese carácter inquisitivo que viene a ser una espada de Damocles en la boca de los periodistas, es decir, vienen a limitar el ejercicio de la libertad de expresión”, dijo a tunota.com, el presidente del CPH, Dagoberto Rodríguez.
El representante del gremio periodístico hondureño refiere al artículo 28 del Código Penal, reformado en febrero pasado por el Congreso Nacional, y que establece que cualquier nota de prensa divulgada por cualquier medio que puede considerarse que se cometió delito, la responsabilidad caerá exclusivamente en el periodista, y exime a los jefes de redacción, directores de medios o dueños de medios de comunicación.
Pero, tal como está planteado ese artículo, al igual que el 229, 230, 231, 234 referidos a los delitos contra el honor violentan el artículo 72 de la Constitución de la República, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto San José; el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, incluyendo la Ley de Emisión del Pensamiento, indicó Rodríguez.
En ese sentido, el CPH planteó en diciembre de 2019 al Congreso de la República que los delitos contra el honor deben ser despenalizados y trasladados al ámbito civil, contemplando solo sanciones económicas. Con esa propuesta se protegerá tanto el derecho al honor, como el derecho a la libertad de expresión y libertad de prensa, explicó Rodríguez.
“Es una propuesta muy integral y se define claramente en qué consiste la injuria, la difamación, en qué casos del ejercicio periodístico y ejercicio de la libertad de expresión podrán aplicarse, pero no con penas de cárcel, sino con sanciones pecuniarias proporcionales al daño causado a la persona agraviada”, agregó.
El Colegio de Periodistas confía que en la nueva vacatio legis del Código Penal, para su entrada en vigencia el 25 de junio, el Congreso Nacional pueda discutir la propuesta y buscar consensos para proteger el derecho a la libertad de expresión y libertad de prensa.
Compromiso y oposición
Según las declaraciones de Dagoberto Rodríguez, el CPH ha tenido diálogo abierto con el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva y la comisión de dictamen del Código Penal, quienes han mostrado compromiso para despenalizar los delitos contra el honor, pero “dentro de la misma cámara hay fuerzas políticas que están en contra por el temor que implica, que puede dar lugar a que los expongan públicamente cuando varios son acusados por delitos de corrupción”.
Rodríguez dijo que el CPH enviará una carta con la propuesta a cada uno de los jefes de bancada del Congreso Nacional para que la analicen y puedan dar su respaldo a la despenalización de los delitos contra el honor.
“Si se despenalizan esos delitos ya hay una protección para el periodista en caso que transmita una información, por ejemplo, relacionada con un alto funcionario público involucrado en un acto de corrupción, donde el funcionario no podrá alegar que se le dañó el honor y la reputación porque, en primer lugar, él es una figura pública, y, en segundo lugar, la difamación que se está transmitiendo es de interés público para la sociedad”, indicó el dirigente de los comunicadores.
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El nuevo Código Penal establece que, aún cuando fuese una información de interés público divulgada por medios de comunicación, o cualquier otra plataforma de información, puede ser sancionada y llevada a una acusación criminal a un periodista por injuria y calumnia, por lo que, el CPH pretende que no se sancione penalmente para que los periodistas no queden en un estado de indefensión.
Propuesta del CPH
Además de pretender la despenalización de los delitos contra el honor, la propuesta del CPH contempla una disposición de suspensión por seis meses a 2 años a un periodista cuando se compruebe que la información transmitida no era de carácter o interés público, sino con el fin de dañar el honor o la reputación de una persona.
También contiene la figura de rectificación y respuesta, que no está contenida en la Carta Magna ni en la Ley de Emisión del Pensamiento, y que permitirá que una persona agraviada por algún comunicador o un periodista en el ejercicio de la libertad de expresión tenga el derecho a recibir la posibilidad de rectificar la información dada, explicó Dagoberto Rodríguez.
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“Reconocemos que ha habido abusos en el ejercicio de la libertad de expresión por muchos periodistas, comunicadores y personas, pero, nosotros partimos de la premisa de que la mejor ley en materia de libertad de expresión es aquella que no existe, y, además, en una sociedad democrática son preferibles los excesos que las limitaciones y la censura a la prensa”, señaló Rodríguez.
“No creo que haya voluntad política por parte de la junta directiva del Congreso Nacional para derogar esos artículos, faltan menos de 45 días para que entre en vigencia el nuevo Código Penal; me imagino que hay mucha gente que no le gusta esa idea de la derogación porque creen que se deja desprotegida a un gran sector de la población ante noticias falsas que pudieran surgir de la boca de un periodista o cualquier comunicador social”, expresó.
Se debe esperar el tiempo de la vacación de la Ley “para ver si se presentan proyectos tendientes a las reformas o derogaciones de esas normas penales y revisar si en verdad tienen voluntad política para hacerlo, de lo contrario será de aplicación general y nos guste o no nos guste, todos los ciudadanos tendrán que sujetarse a la misma”, agregó Dixon.
De su lado, la también diputada Doris Gutiérrez sostuvo que la bancada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) está a favor de que los delitos contra el honor se quiten del Código Penal y se trasladen al ámbito civil porque “definitivamente pueden atentar contra la libertad de expresión, y eso no quiere decir que sea un libertinaje y que solo por ser periodistas vayan a señalar a un funcionario público o plantear situaciones que no sean ciertas”.
Gutiérrez sostuvo que todo funcionario público está expuesto a la crítica, pero, la Carta Magna garantiza a toda persona el derecho al honor, de manera que si alguien daña la imagen de alguna persona el caso debería ventilarse en el Juzgado de lo Civil.
Penas
La legislación vigente pena los delitos de difamación con prisión de uno a dos años; la calumnia, de dos a tres años; y la difamación, con la sanción de las anteriores aumentada en un tercio.
El nuevo Código, en cambio, castiga la calumnia con penas de seis meses a un año; la injuria, con pena de cien a doscientos días multa (es decir, se paga un monto establecido o se cumple con una detención); y elimina la figura de difamación.
