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El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) emitió el miércoles (2.6.2021) una análisis jurídico de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), en donde se pide que el Congreso Nacional deslegitime las llamadas "ciudades modelo" para evitar que el Estado de Honduras tenga que pagar indemnizaciones a las transnacionales encargadas de los proyectos.
Según el Cohep, "si bien la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se ha pronunciado al
respecto, estableciendo que las reformas a la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la ZEDE, NO SON normas contrarias a la Constitución por razón de forma y contenido, nos preocupa que en la práctica se ha vulnerado y violentado lo establecido en el artículo 329 reformado de la Constitución".
Dicho artículo menciona que, "La creación de una zona sujeta a un régimen especial es atribución exclusiva del Congreso Nacional, por mayoría calificada, previo plebiscito aprobatorio por las dos terceras partes, de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Constitución".
Sin embargo, el análisis del Cohep establece que " la disposición antes mencionada no se ha cumplido con las ZEDE que han sido aprobadas constituyendo esta acción administrativa una flagrante usurpación de las atribuciones del Congreso Nacional, mismas que de conformidad al artículo 206 de la Constitución SON INDELEGABLES".
Cabe señalar que, actualmente se realizan tres proyectos ZEDE en Honduras: uno en Roatán, Islas de la Bahía, en donde se impulsará actividades tecnológicas; otro en Choloma, que comprende dos etapas una de vivienda social para los trabajadores y otra industrial de transformación de cierta materia prima.
Y el tercer proyecto se realiza en Choluteca, y se dedicará al rubro agroindustrial, que sería uno de los más grandes en Latinoamérica, según las autoridades de gobierno.
AQUÍ EL ANÁLISIS DE LAS ZEDE REALIZADO POR EL COHEP:
Son inconstitucionales
El Cohep concluyó que, "el no cumplimiento de los requisitos constitucionales para la creación de las ZEDE conlleva un riesgo alto para el Estado de Honduras y ser objeto del pago de indemnizaciones por la autorización de procesos administrativos celebrados fuera del marco de la legalidad, ya que este acto se encuentra viciado de nulidad, por haber sido emitido por un órgano absolutamente incompetente".
Asimismo, el documento señala que "conforme al artículo 321 de la Constitución el cual establece que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley, todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad civil, administrativa y penal a quienes autorizaron el funcionamiento de las ZEDE hasta la fecha, pudiendo ser objeto de denuncias por abuso de autoridad e incurriendo en el delito de prevaricato administrativo".
Por otro lado, el Consejo señala que "las ZEDE son una imposición de un nuevo Estado dentro del Estado de Honduras, al brindar atribuciones a estas ZEDE que las diferencian del Estado, al tener un territorio diferenciado, una población que debe de registrarse dentro de este territorio y un Poder distinto al del Estado hondureño".
Por lo que "finalmente concluimos que, las ZEDE como modelo de desarrollo e inversión en el país ha sido desnaturalizadas desde todo punto de vista, generando en éste momento demasiados riesgo a los inversionistas y el Estado de Honduras por la falta de transparencia y forma como se han venido autorizando".
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