Varios analistas son de la opinión que con reformas en el Congreso Nacional (CN) pretenden “generar terror en las voces disonantes del Gobierno”, según dijeron el lunes (11.10.2021) a través de Telenoticias Estelar.

En ese sentido, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, es del criterio que la "elite corrupta busca poner un yugo a las pocas organizaciones que todavía denuncian la corrupción" que se comete en las altas esferas del Estado.

Al mismo tiempo, la titular del CNA señaló que están listos para ser auditados; ya que aseguran que no tiene ninguna causa que ponga en duda su gestión.

“Las puertas del CNA están abiertas de manera permanente. Pues no encontrarán ninguna causa que se asemeje a las prácticas de corruptela que se han gestado desde el Estado con los recursos públicos”, indicó Castellanos.

Sin embargo, desde el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh) manifiestan que la reformas pretenden generar terror a todas las voces disonantes del Gobierno.

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Pareciera que quieren generar miedo o terror en las voces disonantes del Gobierno; que han denunciado, tanto la corrupción, los malos manejos o posibles acciones que ocurran a finales de noviembre con las elecciones”, expresó Carlos Sierra, coordinador del Ciprodeh.

Leyes a la medida

Para el Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) el CN, también pone en riesgo las acciones que se emprendan desde el Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (Ccinoc).

Esto último, según el economista del Fosdeh, Ismael Zepeda, ya que las reformas aprobadas la semana anterior en el CN permiten congelar cuentas de la sociedad civil y sus liderazgos con tan solo insinuar cierta irregularidad.

“Se las organizaciones ponen su esfuerzo a través del Ccinoc, están pueden ser amedrentadas por medio de esta categorización de Personajes Políticamente Expuestos”, sostuvo Zepeda.

Para la ex rectora de la Alma Mater, Julieta Castellanos, el Poder Legislativo aprobó leyes hechas a la medida para favorecer a la corrupción e impunidad.

Lo cual constituye un retroceso democrático que únicamente favorece a grupos de poder que se han enriquecido con fondos públicos.

“Es una afrenta para un país tan miserable como este. Que vive de la ayuda internacional, que la corrupción la proteja y la fortalezcan. Pero además, es una amenaza a organismos de sociedad civil que investigan y combaten la corrupción”, puntualizó Castellanos.