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El director del Despacho del Conadeh, Ricardo López, subrayó la necesidad de aclarar la autoría del audio y recalcó la importancia de resguardar los derechos humanos tanto de la presunta víctima como de los familiares involucrados.
El audio en cuestión revela, en apariencia, al comandante Muñoz en un estado de enojo, dirigiéndose al subalterno que supuestamente había apuntado su arma hacia él.
Muñoz, supuestamente, emite amenazas explícitas, al referirse a "encostalar" un cadáver, y utiliza un lenguaje intimidatorio hacia el subalterno y su familia.
Además, se le escucha ordenando la búsqueda de otros militares supuestamente involucrados, solicitando detalles sobre sus familias y solicitando detenciones, incluso indicando que el subalterno debería ser enviado a la Penitenciaría Nacional de Támara, en Francisco Morazán, y "no a un batallón".
Ante ello, el Conadeh recalcó la responsabilidad del Estado hondureño en asegurar la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, subrayando la necesidad de salvaguardar el derecho a la vida y la integridad física.
"Es necesario que el Estado de Honduras garantice los derechos humanos de la persona que está siendo amenazada, pero también de los familiares que se pretenden ser ubicados, que no sabemos con qué fin, a efecto de que no se vulneren sus derechos humanos", expresó el funcionario del Conadeh.
Daño a la institucionalidad
Además, la Defensoría del Pueblo lamentó el impacto que este incidente podría tener en la confianza hacia las instituciones de seguridad del Estado y en los procedimientos que estas deben seguir.
El director del Despacho del Conadeh también destacó que, si se confirma que el responsable de las amenazas es el comandante de la PMOP, la situación se vuelve aún más preocupante, ya que "una figura de autoridad tan alta no puede entorpecer una investigación ni seguir amenazando a la supuesta víctima".
Desde el 21 de junio, el comandante de la PMOP, coronel Ramiro Fernando Muñoz, está al frente de una intervención de las Fuerzas Armadas en las 21 cárceles del país, luego de que el 20 de junio, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), localizada en la aldea Támara, Francisco Morazán, 46 privadas de libertad murieran asesinadas a compañeras de un grupo criminal contrario.
Escuchar versión completa
El Conadeh también expresó la importancia de obtener una comprensión completa de los hechos que llevaron a la filtración del audio.
"Sin duda alguna, solo se ha escuchado una versión y es necesario tener la otra versión del asunto para poder tener equilibrado el procedimiento de investigación", cerró.
A pesar de lo anterior, el Conadeh indicó que no existe justificación alguna para que un funcionario público, especialmente uno con un rango tan alto, hable de acciones que puedan socavar los derechos humanos de cualquier individuo.