En una breve comparecencia, los funcionarios de la ONU dejaron claro en qué condiciones la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aceptará el reto para acompañar al Estado de Honduras en la instalación de un mecanismo anticorrupción.

"Hemos tenido la oportunidad de sostener una reunión con la señora presidenta, que ha reiterado su fuerte apoyo a esta iniciativa. El equipo de expertos y expertas evaluará los instrumentos, instituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la corrupción y la impunidad y su enjuiciamiento", indicó Andrés Salazar, representante del departamento de Asuntos Políticos de la ONU.

Agregó que la misión también contribuirá a la asesoría técnica e identificará las reformas necesarias para el posible establecimiento del mecanismo internacional, independiente, imparcial y autónomo.

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"Muchas de estas reformas son cruciales para la lucha contra la impunidad en Honduras, con independencia del proceso de establecimiento del mecanismo", manifestó.

Añadió que el mecanismo dará inicio solo cuando:

1. Se acuerden por escrito la existencia de garantías y requisitos mínimos para su funcionamiento, en línea con el trabajo que realizarán los expertos y expertas.

2. Un órgano intergubernamental de las Naciones Unidas haya otorgado un mandato.

3. El acuerdo bilateral a ser negociado entre la ONU y el Gobierno entre en vigor.

El secretario general de la ONU, António Guterres, designará la dirección de la CICIH.

'Agradecemos a la presidenta Castro'

Seguidamente, Salazar agradeció la "confianza depositada en la organización y manifestamos el compromiso de apoyar los esfuerzos dirigidos a afianzar el Estado de Derecho".

Si el Gobierno y la ONU llegan a un acuerdo y redactan el convenio, el Ejecutivo lo enviará al Congreso Nacional, que deberá aprobarlo con un mínimo de 65 votos.

Entre los integrantes de la misión destacan el italiano Amerigo Incalcaterra, excomisionado adjunto de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG), y la guatemalteca Ana Gabriela Contreras, quien participó en las reformas legales que permitieron el funcionamiento de dicho organismo anticorrupción.

También forman parte de la comisión el argentino Pedro Martín Biscay, exdirector del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y experto en derecho penal y regulación bancaria.

Además, la mexicana María Antonia Quiroz Morales, consultora de las Naciones Unidas e investigadora del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en México, actuará como secretaria técnica de la misión.

Primeros pasos

Este miércoles, el Congreso Nacional derogó los decretos 57-2020 y 93-2021, que impedían al Ministerio Público el secuestro de documento y que reformaban la Ley de Lavado de Activos. Ambas normativas obstaculizaban el combate a la corrupción y la impunidad, según los promotores de su derogación.

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