De acuerdo a la vicepresidenta del Congreso Nacional, Fátima Mena, también parece estar siendo utilizada como excusa por parte de algunos diputados liberales para retirar su apoyo a la derogatoria de los decretos 93-2021 y 57-2020.

"Después de la crisis generada en el Congreso por la comparecencia del ministro Ochoa, que personalmente era innecesaria, generó una excusa para que los liberales salieran con una posición que no iban a apoyar nada, que iban a votar todo en contra y justamente lo que seguía en la agenda era la derogación de la 93-2021", expuso la parlamentaria del Partido Salvador de Honduras (PSH).

Según Mena, las mismas fuerzas liberales y nacionalistas que aprobaron esas reformas a la Ley de Lavado de Activos, Código Penal y Procesal Penal en 2021, no están dispuestas a renunciar a los beneficios que les otorga ese marco normativo.

"Conocemos de personas que no quieren la reforma de la Ley de Lavado de Activos porque tienen casos pendientes judicializados, porque representan algunos sectores que tienen investigaciones abiertas o incluso personas que tienen ya casos judicializados", agregó Fátima Mena.

Mientras la congresista Maribel Espinosa, también del PSH, informó que el pasado martes se reunió con autoridades del Central Ejecutivo del Partido Liberal y sus asesores legales para dejarles claro que si ellos deseaban realizar modificaciones al proyecto que lo hicieran en el pleno de la asamblea.

"Si el cuerpo de asesores del presidente del Consejo Central Ejecutivo, tienen sugerencias o modificaciones, hay que presentar la moción que corresponde", apuntó Espinoza.

No quieren una herramienta de persecución

Los diputados liberales expresan que lo único que buscan es un proyecto bien elaborado, que no se ha utilizado como herramienta para perseguir rivales políticos.

"Lo que exigimos es que se le diera una redacción correcta a la ley, que no se vaya a prestar tampoco para que se vaya a utilizar como una herramienta de persecución política a la oposición o a cualquier ciudadano", dijo el diputado del Partido Liberal, Marlon Lara.

Desde la entrada en vigencia de este decreto son más de 400 lavadores de activos los que han quedado impunes alertó Espinoza, para quien es urgente su derogación, de lo contrario Honduras expondrá consecuencias internacionales.

"Lo grave sería que no se someta a discusión en el pleno y Honduras quede aislada y no pueda realizar operaciones bancarias a nivel internacional", concluyó la parlamentaria.

Los diputados consultados esperan que la próxima semana se priorice la derogación del pacto de impunidad para fortalecer la lucha contra la corrupción.

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