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El Congreso Nacional, a través de su representante legal, presentó el jueves una denuncia ante el Ministerio Público y solicitó requerimiento fiscal en contra de los diputados que conformaron una junta directiva paralela tras una sesión virtual para abrogar el nuevo Código Penal.
El Legislativo pide al MP que investigue a los congresistas por delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y delitos contra la forma de gobierno.
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Los partamentarios de los partidos que hacen oposición al Partido Nacional, en el gobierno, abrogaron la Ley Penal y enviaron el acta al Ejecutivo, esperando su sanción y publicación en el diario oficial La Gaceta.
“En la reunión, ilegalmente convocada e instalada, se pretendió asumir fuera de los medios establecidos en la ley, las facultades del Congreso Nacional de aprobar, reformar y derogar las leyes, pretendiendo aprobar un decreto en el que además se inobservo lo establecido en el artículo 219 de la Constitución de la República, que establece que cuando se pretenda derogar las disposiciones contenidas en la Constitución, no se podrá someter a discusión”, dice parte de la denuncia.
La reacción
Al respecto, el diputado Jorge Cálix, elegido como secretario de la directiva paralela, dijo en Hoy Mismo que está dispuesto a afrontar la denuncia.
"Voy a defender lo que hicimos. Hicimos lo que moralmente nos correspondía, lo que legítimamente teníamos que hacer y estoy dispuesto afrontar las consecuencias de mis acciones, porque están conducidas a tener un verdadero Estado de Derecho", expresó Cálix.
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Los legisladores elegidos en la junta directiva del Congreso Nacional fueron Dennis Castro Bobadilla (presidente), Doris Gutiérrez (vicepresidenta I), Luis Fuentes (vicepresidente II), David Reyes (vicepresidente III), Jorge Cálix (secretario) y Sobeyda Andino (secretaria adjunta).
Denuncia del Congreso Nacional
