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Los diputados del Congreso Nacional de Honduras frenaron el martes (29.6.2021) una solicitud para realizar un juicio político en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justica (CSJ) que emitieron una resolución para que las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) cuenten con una jurisdicción especial.
La solicitud había sido realizada por parlamentarios del Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu), quienes se han manifestado por la inconstitucionalidad de las ZEDE.
El juicio político que pretendían impulsar los diputados era en contra Rolando Argueta (titular de la CSJ), Reynaldo Antonio Hernández, Edwin Francisco Ortez, Reina Auxiliadora Hércules, María Fernanda Castro.
Además de Jorge Abilio Serrano, Lidia Álvarez Sagastume, José Olivio Rodríguez, Jorge Alberto Zelaya, Rafael Alberto Bustillo, Miguel Alberto Pineda y Garin Enoc Urquía.
Las ZEDE en Honduras
"No se admite la solicitud del juicio político contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia por aprobar jurisdicción de las ZEDE, se rechaza y se manda a archivar a la secretaría del Congreso Nacional", comentó Tomás Zambrano, secretario del Congreso.
La votación fue: 36 votos a favor; 54 en contra; 2 abstenciones y 36 parlamentarios no votaron.
El Congreso Nacional aprobó las ZEDE 2013 y el 24 de mayo de 2021 reformó la ley del Impuesto Sobre Ventas (ISV) a fin de exonerarlas del pago de este tributos en compras nacionales.
Asimismo, se reformó la Ley de Ingreso de Divisas Provenientes de las Exportaciones, para que no se apliquen cargos por las exportaciones que hagan las ZEDE.
Las ZEDE contarán con sus propios sistemas bancarios, fiscales, monetarios y aduaneros. Así como los sistemas judiciales propios, ligados indirectamente al Poder Judicial, lo que las hará, de cierta forma, un territorio autónomo y soberano.
Sin embargo, la CJS determinó establecer jurisdicción especial dentro de la ZEDE luego que diversos sectores denunciaron que las llamadas "ciudades modelo" iban a tener independencia de poderes.
La resolución señala que la función jurisdiccional debe adaptarse a los nuevos requerimientos que la sociedad hondureña demanda, respetando, promoviendo y tutelando los derechos humanos de todos los habitantes y garantizando el imperio de la Constitución y las leyes.
