El Consejo Nacional de Protección informó este miércoles su retiro temporal del Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos ante el temor de que pueda colapsar completamente y afectar a las personas beneficiarias de la Ley de Protección.

En un extenso comunicado, el Consejo Nacional de Protección detalló varios puntos sobre la determinación de retirarse del Sistema ante el incumplimiento de la Ley de Protección para proveer el presupuesto necesario para el funcionamiento del Mecanismo Nacional de Protección.

"Desde la creación del Sistema Nacional de Protección ha habido falta de voluntad política para echarlo a andar de manera efectiva, y eso ha quedado comprobado en el gobierno anterior que no cumplió con la Ley de Protección", menciona el documento.

Además, señala que el mecanismo "no avanzó en políticas públicas que neutralizaran la violencia contra los sectores beneficiarios de la Ley, lo que ha derivado en el incremento de casos pero sin la debida atención por falta de recursos necesarios".

Agrega que el Consejo Nacional de Protección envió en el 2021 una propuesta al entonces presidente, Juan Orlando Hernández, con 10 recomendaciones en las que se urgía la autonomía integral del Sistema Nacional de Protección, desvinculándolo de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH).

Sin embargo, estas recomendaciones no fueron tomadas en cuenta y ante el cambio de gobierno, aseguran se han encontrado con "un muro más profundo de falta de voluntad y donde priva el abuso de autoridad, la discriminación, el irrespeto, el acoso laboral contra el personal del Mecanismo Nacional de Protección y contra personal de la SEDH".

Denuncia contra Nataly Roque

Al mismo tiempo hicieron una denuncia contra la ministra de Derechos Humanos, Nataly Roque, quien supuestamente se ha encargado de detener casi todo proceso hacia la protección de las personas beneficiarias que suman 158 casos activos, de
los cuales 119 corresponden a personas defensoras de derechos humanos.

Los beneficiados medidas de protección son 34 de pueblos indígenas y 7 colectivos de afrodescendientes; 11 colectivos de la comunidad LGTBI y 39 de personas defensoras del medio ambiente.

Asimismo, 12 periodistas, 13 comunicadores sociales y 14 operadores de justicia. Además hay unas 50 medidas pendientes de implementar por falta de fondos.

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