El Estado de Honduras se libró por ahora de pagar L50.3 millones, al obtener una resolución favorable en la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán.

En la resolución con fecha del 17 de agosto de 2023, la Corte de Apelaciones declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la que no se especifica en el comunicado emitido por la Procuraduría General de la República (PGR).

El recurso de apelación se interpuso por la resolución emitida por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de marzo de 2023, que fue favorable al Estado de Honduras.

El proceso judicial, que se registra bajo el número 0801-2022-03342-CPCV, "detiene el intento de perjudicar al Tesoro Nacional por la cantidad de más de L50.3 millones", señala el comunicado.

Además, la Corte de Apelaciones ordena condenar en costas a la parte demandante al pretender incoar una "improcedente demanda de honorarios profesionales en contra del Estado de Honduras".

Ahora habrá que esperar si la parte demandante decide hacer uso de otros recursos para continuar con el proceso y llegar a una sentencia definitiva en el proceso.

Honduras y las demandas

La PGR el 31 de marzo 2023 logró otro fallo en una acción de amparo que interpuso en la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, contra la providencia de fecha treinta 31 de octubre de 2022.

Esa resolución ordenó anular las actuaciones posteriores a la providencia antes mencionada contentivo en el expediente judicial 0801-2013- 05500-CPCO de ejecución forzosa de liquidación de daños y perjuicios ventilados en el Juzgado de Letras Civil.

Con ello se evitó el pago de L1,835 millones, pero hay otras demandas que enfrenta el Estado de Honduras, una de ellas es la de la empresa inversora Próspera.

Demandó al Estado de Honduras por $10.700 millones por prohibir las Zonas Económicas Especiales de Desarrollo (ZEDE).

Esto porque el Gobierno las derogó por considerar que socavan la soberanía nacional y los sindicatos afirman que violan los derechos laborales.

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