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La diputada y precandidata liberal Maribel Espinoza expresó este miércoles que "darle rango constitucional a la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) representa una excusa y sirve de obstáculo para que no se instale el organismo en el país".
Agregó que "la CICIH no puede elevarse a rango constitucional porque no es un órgano permanente del Estado".
En lugar de darle rango constitucional a la CICIH, Espinoza propuso implementar reformas al Ministerio Público (MP) para fortalecer la lucha contra la corrupción en Honduras.
"Podemos considerar reformas al Ministerio Público, que solo requieren 65 votos, así como ajustes al Código Procesal Penal para mejorar la acción pública y privada en los procesos judiciales", sugirió.
'MP debe desarrollar investigaciones colaborativas con organismos internacionales'
Además, la diputada subrayó la necesidad de que el Ministerio Público pueda desarrollar investigaciones más amplias y colaborativas con organismos internacionales como una medida para avanzar en la lucha contra la corrupción.
"Es fundamental que el Ministerio Público pueda llevar a cabo investigaciones en colaboración con Naciones Unidas, similar a la manera en que lo hacía la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) en su tiempo", añadió.
Espinoza enfatizó en la complejidad y los requisitos legales que implicaría una reforma constitucional, y destacó que requeriría de dos legislaturas y la falta de voluntad de algunos parlamentarios.
"Una reforma constitucional requiere dos legislaturas, lo cual evidencia que algunos legisladores no tienen verdadero interés en promover la justicia y la transparencia en Honduras", puntualizó.
'Para elevar a rango constitucional a la CICIH hay que reformar la constitución'
El exsecretario de transparencia, Edmundo Orellana, explicó que "si el gobierno mantiene esta posición de otorgarle a la CICIH la facultad de ejercer la acción pública penal de oficio, esto requeriría una reforma constitucional".
Amplió que, según la constitución actual, "esta competencia es exclusiva del Ministerio Público".
Orellana advirtió que cualquier modificación a la Constitución de Honduras implica un proceso legislativo riguroso y multipartidista.
"Para llevar a cabo una reforma constitucional, se necesitan 86 votos en el Congreso Nacional, una cifra que actualmente no se tiene garantizada. Además, cualquier modificación constitucional debe ser ratificada en la siguiente legislatura, lo que prolongaría el proceso", explicó.
Señaló que, si se logra la reforma constitucional en esta legislatura, "la ratificación podría llevarse a cabo en la próxima. Esto significaría que la CICIH podría comenzar a operar bajo sus nuevas facultades a partir de febrero o marzo del próximo año, aproximadamente".
Orellana advirtió que "si el Gobierno insiste en su propuesta actual, la única vía para que la CICIH pueda operar antes es mediante una reforma constitucional".
"Sin embargo, existe la opción alternativa de adoptar la tesis del 'querellante adhesivo', lo cual solo requeriría reformas al Código Procesal Penal y no a la Constitución", concluyó.
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