La Policía Nacional procedió este lunes a desalojar de forma pacífica a militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) y, a su vez, empleados del Instituto de la Propiedad (IP) que mantenían tomadas las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental (CCG) en Tegucigalpa, capital de Honduras.

La acción de desalojo se realizó en horas de la noche de este lunes por parte de las Fuerzas Especial de la Policía en compañía de fiscales del Ministerio Público (MP).

"Se acaba de desalojar por la vía pacífica la toma que tenían los empleados del IP, así como empleados de Copeco y de la Municipalidad afines al diputado Jorge Cálix", dijo el presidente del Consejo Directivo del IP, José Carlos Cardona.

Además, el funcionario indicó durante su intervención en el noticiero Hoy Mismo de TSi, que el desalojo se produjo luego de una negociación entre manifestantes y autoridades, en la cual se acordó respetar sus derechos.

Adelantó que en las próximas horas se rehabilitarán las instalaciones del CCG que permaneció tomado desde el pasado 31 de mayo, obstaculizando las labores de más de 10,000 empleados que trabajan en ese lugar.

"En las próximas semanas solo se hará deducción de responsabilidad a las personas que tengan que ver en algún acto de irregularidad -en el IP- denunciados por la presidenta Castro", declaró Cardona.

La protesta

La protesta de los trabajadores del IP empezó el pasado viernes, un día después de que la presidenta Xiomara Castro, anunció la intervención de la entidad por supuestos actos de corrupción al financiar la construcción de viviendas e inscribir ilegalmente terrenos y vehículos

Castro indicó en X el pasado jueves que ha sido informada sobre "denuncias sobre inscripciones ilegales (en el IP) de terrenos y vehículos, las cuales están siendo investigadas por los organismos competentes.

Denunció además que la institución hondureña erogó más de "18.000 millones de lempiras (729,1 millones de dólares) sin registros fiables y violando la ley, adulteró y financió construcciones de viviendas, así como gastos publicitarios y de supuestas obras sociales, desviando fondos de la finalidad del Fideicomiso, que era la transformación digital del IP".

Los manifestantes piden a Castro "estabilidad laboral" y detener "los hostigamientos políticos" en la institución, tras la intervención.

Advertencia de la Policía

La Secretaría de Seguridad más temprano este lunes había anunciado que procedería a realizar un desalojo pacífico en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental (CCG).

A través una comparecencia de prensa en Casa Presidencial, la cúpula policial comunicó que con la toma de los predios del IP, se han vulnerado los derechos laborales y de locomoción de los trabajadores y las personas que a diario realizan diligencias en el CCG.

"Se conformó una comisión que analizará detenidamente todas las actuaciones legales de las personas que se encuentran en el CCG en actos de protestas y que conculcan los derechos de las personas que realizan diferentes trámites en estas Oficinas de gobierno", reza el documento.

La comisión integrada por la Fiscalía General del Estado, con sus fiscales y agentes técnicos de investigación criminal; así como de la Dirección Policial de Investigación (DPI), la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y Fuerzas Especiales.

En ese contexto, la Policía Nacional agregó que el propósito de la comitiva es el desalojo pacífico de los bienes del Estado que han sido tomados; en especial el Instituto de la Propiedad y demás áreas, así como la determinación de los daños ocasionados a estos entes nacionales.

"De no ceder los manifestantes en sus pretensiones de seguir en la toma del Centro Cívico Gubernamental, se procederá a realizar las acciones legales establecidas en nuestros manuales del Uso de la fuerza y del Protocolo de Despeje de vías públicas e Instalaciones", advirtió.