En la colonia Crucitas del Picacho, Tegucigalpa, pobladores aseguran tener títulos de propiedad, extendidos por el Estado, del terreno donde residen; sin embargo, "nuevos" dueños buscan desalojarlos con orden del Juzgado de lo Penal.

"Las familias que viven acá tienen más de 40 años y no nos explicamos la razón por qué la señora juez no hace una revisión de los documentos, a lo legal lo ha llamado ilegal y a lo ilegal le ha llamado legal", manifestó una mujer afectada.

Los pobladores afirmaron haber pagado legalmente al Estado, a través de la Ley del Fondo Social para la Vivienda (FOSOVI), por las 15 casas que están en conflicto.

Alrededor de las 8:00 a.m. la Policía Nacional se apersonó en el sector para cumplir con las ordenanzas de desalojo emitidas por jueces de ejecución.

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Acuífero SPS

Agentes de la Policía Nacional arribaron al sector del acuífero de Sunseri, en San Pedro Sula, para desalojar -con orden de juez de ejecución, del Juzgado de lo Penal- a una 30 familias que construyeron "champas" de madera en la zona.

Los predios invadidos (privados) pertenecen a un lugar protegido que brinda agua a gran parte de la ciudad. Además, la Fiscalía denuncia que los ocupantes de dañan el medio ambiente, pues quemaron la hierba y talaron árboles para instalarse.

Luego de intentar un desalojo pacífico, las autoridades hicieron uso de maquinaria pesada para derribar las construcciones hechas en las hectáreas del acuífero donde se abastecen miles de sampedranos.

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