Con las reformas aprobadas por el Congreso Nacional (CN) el pasado jueves (07.10.2021) a varios artículos del Código Penal, también ponen sobre la mesa la libertad de expresión de los medios de comunicación del país.

Lo anterior, luego que los congresistas reformaran el art. 28 del Código Penal para incluir nuevamente a los propietarios de medios de comunicación bajo la figura de responsabilidad en delitos cometidos a través de medios de difusión.

Antes de la vigencia del Código Penal originalmente se contemplaba a los dueños de medios como responsables solidarios en el artículo antes mencionado. El cual incluye toda la cadena de mando de los medios y el trabajo de los periodistas.

No obstante, acciones tomadas por el Colegio de Periodistas y la Asociación de Medios de Comunicación y otros organismos internacionales hicieron que los parlamentarios sacaran del art. 28 del Código Penal a los dueños de los medios.

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Sin embargo, en la sesión del legislativo el jueves, los diputados derogaron ese artículo y lo colocaron nuevamente en su versión original. Con el fin de incluir en esa figura a los propietarios de los medios.

Dicha acción es considera por expertos como un total retroceso, al asegurar que se está frente a una censura camuflajeada.

Es una especie de censura camuflada para que los dueños de los medios de comunicación y editores tengan una labor de supervisión y vigilancia sobre los periodistas que puedan emitir la noticia”, señaló Ramón Barrios, experto en derecho penal.

Bozal para medios de comunicación

Por su parte, el abogado penalista Elvin Carillo, es del criterio que con dichas reformas se pretende poner un bozal a los medios de comunicación.

Se pretende ver que se les quiere poner un bozal a los medios de comunicación para efectos de que hagan su trabajo de forma transparente y sin tapujos”, aseguró Carillo.

El contexto en que se aprobaron estos cambios es preocupante; ante la incertidumbre que reina en todo lo relacionado al próximo proceso electoral del 28 de noviembre, opina el expresidente del Colegio de Periodistas, Dagoberto Rodríguez.

“Esto nos llama la atención que se disponga y apruebe en un contexto político electoral. Cuando hay incertidumbre en lo que puede ocurrir en este proceso electoral. Es una acción totalmente aberrante y oscura que el Ejecutivo pretende implementar”, sostuvo Rodríguez.

El escenario ideal para los entrevistados sería que los diputados reflexionaran y enmendaran la determinación tomada. Para evitar que la nación se vea afectada con sanciones por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh).