El designado presidencial Salvador Nasralla dijo este martes que "es infortunado" que el secretario de Salud, José Manuel Matheu, no pueda nombrar a personas capaces que lo ayuden a resolver los problemas en el sistema sanitario nacional.

De igual manera, Nasralla señaló que el ministro Matheu "no tiene potestad" para dar empleo a ninguna persona, independientemente del partido político al que pertenezcan.

Nasralla indicó que Matheu, tras ser electo como diputado del Congreso Nacional, fue nombrado por la presidenta Xiomara Castro como ministro para solucionar las situaciones en Salud y no como empleado del Partido Salvador de Honduras y tampoco para dar puestos a militancia política.

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Matheu "es un empleado del país, no del partido Libre ni del Partido Salvador de Honduras; el gran problema de Honduras ha sido que los empleados que llegan a los ministerios responden a personas de su partido", expresó el vicepresidente hondureño.

El mismo doctor José Manuel Matheu dijo a finales de enero, cuando aceptó el cargo de ministro de Salud, que él no era agencia de empleos y que no dará trabajo en la institución a su cargo.

"Yo le voy a pedir a la gente que tampoco me agarren como agencia de empleos, no voy para dar empleos, no es ese mi papel, así que agradeceré que no me estén pidiendo empleo", expresó el ministro, después que dirigentes de Libre pidieran su destitución porque no les daba oportunidades de trabajo a las bases y militancia del partido.

Revisión de contrataciones

Según Nasralla, la persona asignada en Salud para revisar contrataciones es la viceministra Nerza Paz. "Ella consulta con el partido al cual pertenece, que es el partido Libre", expresó.

Además, agregó Nasralla "todo se decide a través de la doctora Nerza Paz y la presidenta Xiomara Castro", mientras que el ministro Matheu "recibe instrucciones de la mandataria y aplica sus conocimientos para resolver los problemas de salud".

Para Nasralla, los ministros de Honduras deberían tener independencia para tomar decisiones, teniendo a la par uno o dos expertos en temas económicos que les ayuden a calcular el impacto ante cualquier reclamo laboral.

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