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De acuerdo con lo informado por la portavoz de los Juzgados de Tegucigalpa, Bárbara Castillo, a Ponce Martínez se le presume responsable de cinco delitos de homicidios, hechos registrados el 1 de diciembre de 2017.
Además, el Ministerio Público (MP) le imputa al coronel de las FF.AA. los delitos de abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en perjuicio de la Administración y la fe pública.
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Castillo indicó que este miembro de la institución castrense será remitido al Primer Batallón de Infantería en Tegucigalpa, Francisco Morazán. La audiencia inicial quedó programada para el próximo lunes 19 de febrero a las 8:30 a. m.
Tras el requerimiento fiscal presentado por el MP el pasado 13 de febrero, las FF. AA. manifestaron que Ponce Martínez es miembro activo de la institución y constitucionalmente le asiste su derecho de estado de inocencia.
Y siendo que la acusación formulada refiere a supuestos actos en el ejercicio del deber, la institución castrense expresó que está obligada a brindarle la asistencia necesaria para que proceda a responder la acusación ante la autoridad competente.
"En aplicación del artículo 234 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, como institución, se procederá a poner a la orden del juez competente al mencionado oficial y a proporcionarle los servicios técnicos legales necesarios para que ejerza su derecho de defensa", indicó la FF. AA. a través de un comunicado.
Los hechos
De acuerdo a la relación de hechos y denuncia investigada por el Ministerio Publico, el 1 de diciembre de 2017 un grupo de pobladores protestaban en una de las calles de la colonia López Arellano de Choloma, Cortés, por los resultados de las elecciones generales de 2017, que concluyeron en la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández, para un segundo mandato.
Seguidamente, el hoy acusado, coronel Ponce Martínez al mando de 172 Policías Militares del Orden Público (PMOP), llegó a la zona con el propósito de desalojar a los manifestantes.
Posteriormente, las personas que protestaban intentaban abrir paso al conductor de una rastra quien les manifestó que traía a un familiar enfermo y necesitaba llegar a un hospital.
En ese momento los policías militares, siguiendo la orden del coronel se ubicaron en posición de ataque, utilizando sus armas de uso oficial, abrieron fuego contra la humanidad de todos los manifestantes, dejando como saldo lamentable la muerte de cinco ciudadanos quienes quedaron tendidos en la carretera.
Las víctimas respondían a los nombres de Víctor Evelio Martínez Álvarez, Roger Alberto Vásquez Reyes, José David Ramos Lamber, Mauricio Yonathan Echeverría Hernández y Michael Yair Ponce Sauceda.
Querían ocultar pruebas
Al terminar los disparos varios policías militares comenzaron a perseguir a los pobladores, quienes en medio del pánico huían de las balas en todas direcciones, propinándoles golpes con sus armas, toletes y patadas lo que provoco además que muchas personas terminaran heridas.
Al final, siguiendo siempre las órdenes del coronel Víctor Alonzo Ponce Martínez, varios militares comenzaron a manipular el lugar de los hechos recogiendo los casquillos de sus armas.
De igual forma, colocaron armas de fuego para hacer creer que los manifestantes portaban pistolas, sin embargo, el MP logró comprobar que eso no fue cierto.
Simultáneamente, los uniformados, tiraban tierra con sus pies a los lagos hemáticos (charcos de sangre), que habían quedado en el lugar con la finalidad de ocultarlos.
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