A seis meses del estado de excepción en Honduras, aprobado el 6 de diciembre de 2022, las cifras oficiales de la Policía Nacional revelan la captura de 238 personas por el delito de extorsión hasta el 7 de junio de 2023.
Son un promedio de 39 personas capturadas por mes, pero al analizar cuántos llegaron a los juzgados con competencia nacional en materia de extorsión, 71 acudieron a una audiencia de declaración de imputado, 71 a una audiencia inicial y de ellos, solo 22 fueron condenados.
La cifra de condenados representa un 30.9%. Siendo 15 en Tegucigalpa, uno en Comayagua, tres en El Paraíso, dos en Choluteca y uno en Nacaome.
En las estadísticas policiales los departamentos de Francisco Morazán y Cortés aparecen con el mayor número de detenciones con 87 y 81 respectivamente.
En tercer lugar aparece Atlántida con 24 capturados, Yoro con 15 y Choluteca con 10.
Los departamentos de Colón, Gracias a Dios, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Islas de la Bahía y La Paz, no registran ninguna persona capturada.
Una burla
"Es una burla esas cifras para el pueblo hondureño. Las mismas víctimas como el rubro de transporte y comercio se quejan que no ha sido efectivo el estado de excepción y que el resultado no es positivo", cuestiona Seyda González, criminóloga y psicóloga forense.
Según expertos consultados por tunota.com, el delito ha ido en aumento, cuestionan que las estrategias no son las esperadas y lamentan que a más de un año justifiquen que no hay presupuesto para tareas de seguridad y combatir la violencia.
"La idea de un estado de excepción era una idea útil en función que en Honduras se está aumentando sustancialmente la violencia y la criminalidad. La etapa inicial de caracterizar la inseguridad por pobreza fue un estigmatizante", señala Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia.
Los resultados son pobres dice Luis León, quien estima que no solo por detenciones, sino por cuántos llegan a procesos judiciales abierto o cerrado.
"El sistema penal muestra gran falencia y la alta inversión que se hace no es proporcional a los resultados", concluye León.
Las estadísticas no son confiables y al final, la opinión generalizada es que el proceso falló.
Búsqueda de nueva estrategia
Para Luis León llegó la hora de buscar una nueva estrategia para tener un impacto en materia de seguridad, porque asegura que los fracasos también los paga el pueblo hondureño.
"Más allá de que financiamos los procesos, Honduras sigue siendo uno de los países más violentos", refiere.
Coincide con León la criminóloga Seyda Gonzáles, porque dice que no se atacan los factores y causas que ocasionan estos tipos de delitos.
"Los infractores son jóvenes, la delincuencia juvenil está operando y están manejados o bien capacitados por otras esferas que dirigen este flagelo. Los jóvenes son víctimas del crimen organizado y con la baja respuesta, todo queda en la impunidad", cuestiona.
En conclusión, los expertos dice que el ataque al delito está mal. "Estamos en ensayo y error, no saben cómo llevar a cabo este enorme trabajo y día a día se incrementa la delincuencia", lamenta González.
Informes
En el informe del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) titulado: Estado de excepción en Honduras: ¿reciclaje de las políticas de seguridad de mano dura?, se hacen la gran interrogante si un problema como la extorsión encaja dentro de los requisitos para la declaración de un estado de emergencia.
La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), también en su informe "Extorsion Bajo la Lupa", dice que encontró que, de las 30 acciones enlistadas en el plan,
solo se cumplió una en los primeros seis meses de implementación.
"Aunque se han asignado más de mil millones de lempiras a la Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas del Crimen Organizado (Dipampco), la institución sigue con severas debilidades, ya que solo ha ejecutado el 4 % de este presupuesto en los primeros 5 meses de gestión", señala el informe.
Además destacan que, a pesar de los esfuerzos, la amenaza de la extorsión continúa. La tasa de victimización ha reducido levemente, de un 9 % en 2022 a un 8.4 % en 2023.
Pero en la calle la convicción de la ciudadanía es que con el estado de excepción no se ha avanzado en la lucha contra le extorsión.
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