"A ellos sí les importa la opinión que puedan tener sus aliados de los partidos de izquierda radical que ahora mismo gobiernan en algunos países de Latinoamérica. Les importa más la opinión de Venezuela, Nicaragua y Cuba", expresó el legislador de oposición.

Enviar al Poder Ejecutivo el decreto de adhesión a la CAF sin ratificarse, como lo establece el proceso constitucional "es un antecedente nefasto para la democracia de nuestro país", agregó.

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Márquez lamentó que se haya publicado en el diario oficial el decreto de la incorporación de Honduras sin previa ratificación.

Adhesión de Honduras a la CAF

El convenio de suscripción entre Honduras y la CAF se firmó el 18 de julio de 2022 y se aprobó en el Congreso el 16 de mayo con 66 votos de los 128 diputados que integran el Legislativo, pero un día después el acta de la sesión no se ratificó por falta de consensos.

Sin embargo, la adhesión al ente financiero internacional lo promulgó la presidenta Xiomara Castro, pese al rechazo de al menos 77 parlamentarios que obtuvo el pasado 12 de julio.

Lo anterior porque, de acuerdo con diputados de la oposición, Honduras deberá pagar 460 millones de dólares, unos 11 mil millones de lempiras, para tener acciones en la Corporación Andina de Fomento y tener acceso a préstamos.

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Nelson Márquez, al igual que otros diputados opositores advirtió que no apoyarán ningún convenio de préstamo que firme Honduras con la CAF, una vez que estos lleguen al Legislativo

¿Intervención de las Fuerzas Armadas?

Por su parte, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos manifestó que con la sanción y promulgación del decreto de la incorporación de Honduras se dio una "violación tremenda a la independencia de los poderes del Estado".

Barrientos indicó que la presidenta Xiomara Castro no debió sancionar el decreto del convenio internacional sabiendo que no había cumplido con los procedimientos en el Congreso.

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En ese sentido, dijo también que se debería presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para echar atrás la adhesión del Estado al banco andino.

Al mismo tiempo, Barrientos sostuvo que instituciones como las Fuerzas Armadas "no deberían quedarse calladas" y como garantes del imperio de la ley son las llamadas a intervenir para volver de nuevo al rumbo de la legalidad.

Si no hay intervención de las Fuerzas Armadas "aquí vamos muy mal, eso puede abrir la puerta para que el día de mañana aprueben cualquier cosa sin tener votos necesarios", agregó.

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