En declaraciones para medios nacionales, Castillo Lemus aseguró que la Policía Nacional está comprometida en asegurar que las estructuras criminales no gobiernen dentro de los centros penitenciarios del país, y que por ello se han venido originando estos conflictos.

"Es una respuesta de las estructuras criminales como consecuencia de las recientes medidas adoptadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en contra de estas estructuras", apuntó el director del INP.

"El Estado está decidido a no permitir que estas organizaciones criminales sigan controlando las instituciones, por eso la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional están comprometidas con todas estas medidas y con la cero tolerancia enfocados en combatir la delincuencia", agregó el funcionario policial.

Cabe resaltar que, recientemente, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, instruyó quitar el control de las cárceles del país a las Fuerzas Armadas y dárselo a la Policía Nacional.

Además, entre las medidas que se pretenden aplicar están la construcción de dos cárceles aisladas: una en las Islas del Cisne, en el Caribe de Honduras, y otra en la selva de Patuca, en el departamento de Olancho.

Asimismo, enviar reos de máxima peligrosidad a los batallones.

Reyertas

Al menos una persona murió y otras siete resultaron heridas en los amotinamientos y tiroteos simultáneos, presuntamente entre miembros de la pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha MS-13, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INP).

Los hechos se registraron en las cárceles de Ilama, en Santa Bárbara (occidente), llamada "El Pozo I"; así como la de Morocelí, en El Paraíso (oriente), conocida como "La Tolva".

Y dos cercanas a Tegucigalpa, la capital de Honduras, la de El Porvenir, a la que se le denomina "El Pozo II" y en el Centro Penitenciario de Támara, respectivamente.

Las autoridades del INP, junto a la Policía Nacional, lograron "establecer el orden" en los cuatros centros penitenciarios, según informaron autoridades.

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"Fracaso continuado"

Para el sociólogo Pablo Carías, las reyertas registradas durante la tarde del sábado, no son más que parte del "fracaso continuado" de la estrategia de seguridad del actual gobierno.

"Esta fue una acción muy bien coordinada y uno no termina de entender cómo es posible que siendo estas cárceles de máxima seguridad pueden entrar armas de grueso calibre y que los privados de libertad puedan hacer uso a discreción", lamentó Carías.

Urge depuración penitenciaria

Por su parte, el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conpaprev) recomendó a las autoridades que realicen una depuración del personal penitenciario ante los amotinamientos en las cárceles del país.

"Las autoridades de custodia son incapaces de cumplir con su responsabilidad y obligación legal de garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos, debido a la dificultad de ejercer el control interno de las instalaciones frente al tamaño de la población penal", expuso el Conaprev en un comunicado.

Asimismo, sugirió depurar el personal y contratar a los que reúnen los criterios de "probidad e idoneidad y los requisitos necesarios que requieran para el desempeño de acuerdo al cargo que ostentan".

Además, señaló que es imperativo clasificar y ubicar la población penitenciaria atendiendo los criterios por condición jurídica, peligrosidad y agresividad y categorías desde un enfoque integral y con respeto irrestricto a los derechos humanos.

De su lado, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) apuntó que estas acciones dentro de las cárceles hondureñas solo es el reflejo de la "incapacidad" y la "falta de coordinación" para gobernar en los centros penitenciarios.

"Reiteramos al Estado de Honduras que los recurrentes actos de violencia y muertes suscitadas en las cárceles de máxima seguridad, ponen en evidencia la falta de coordinación en garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad", manifestó el Conadeh en un mensaje en Twitter.

Frágil sistema penitenciario de Honduras

Las cárceles de Honduras son consideradas por diversos organismos como una "bomba de tiempo", por el hacinamiento, los problemas de infraestructura y un gran número de presos en detención preventiva.

El sistema penitenciario de Honduras, compuesto por unas 26 cárceles, alberga al menos 19,700 presos, cuando su capacidad máxima es de 8,000, y menos de la mitad de los reclusos han sido sentenciados.

El país centroamericano cuenta con tres cárceles de máxima de seguridad, entre las que están el "El Pozo I", "El Pozo II" y "La Tolva".

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